
El presidente Daniel Noboa centró su visita de dos días a Washington en reforzar la colaboración estratégica con Estados Unidos, al destacar su política de mano dura contra el crimen organizado.
Durante su agenda, que incluyó encuentros con el vicepresidente J. D. Vance y su participación en el think tank Atlantic Council, defendió de manera puntual las operaciones militares conjuntas contra narcotraficantes y subrayó que la lucha contra el crimen trasciende fronteras. Asimismo, justificó sus acciones pese a las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.
Noboa aseguró que las operaciones ya concluyeron, aunque no descartó nuevas acciones en el futuro. “Estamos en una guerra”, argumentó, a la vez que reveló que el estado de excepción en su país no se prorrogará tras el 1 de junio.
En la entrevista con CNN, el mandatario indicó que la operación militar realizada a inicios de marzo en la frontera norte de Ecuador tuvo como objetivo una finca utilizada por grupos armados vinculados al narcotráfico, en concreto por integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC.
Afirmó que la acción se basó en información de inteligencia y calificó de “infundadas” las acusaciones sobre daños a civiles. Sin embargo, una investigación de The New York Times pone en duda esta versión. Según entrevistas del medio con el propietario, trabajadores y líderes locales de San Martín, la finca afectada era en realidad una granja ganadera.
Los relatos describen que soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero, rociaron con gasolina varios cobertizos, los incendiaron, interrogaron y agredieron a trabajadores, e incluso los sometieron a asfixia y descargas eléctricas.
Las declaraciones se dieron luego de que congresistas demócratas exigieran al Pentágono la suspensión inmediata de las operaciones militares conjuntas, con el argumento de la posible afectación de civiles y violaciones de derechos humanos.
En la carta dirigida al secretario de Defensa Pete Hegseth, se solicita que la misión quede cancelada hasta que se complete una investigación y se aclare la base legal de la participación estadounidense, que carece de autorización del Congreso. La iniciativa está liderada por Chuy García, Greg Casar y Sara Jacobs y cuenta con el apoyo de una veintena de legisladores.
También respaldan la medida organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (EE. UU.), el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) y WOLA. Además, estas entidades dieron un plazo de 10 días, hasta el 22 de mayo, para responder sobre los informes de presuntas violaciones de derechos humanos y el bombardeo en cuestión.
La Cancillería ecuatoriana confirmó que la visita oficial de Noboa a Washington D. C. finalizó con encuentros multilaterales.
Entre las citas resaltan las sesiones en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reuniones con la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de una agenda centrada en fortalecer la cooperación hemisférica, la seguridad, la migración ordenada y las relaciones económicas bilaterales.





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