
Los inmigrantes en Estados Unidos han recibido un respiro considerable tras la implementación de la nueva iniciativa legislativa impulsada por Donald Trump, conocida como "gran y hermoso proyecto de ley". Esta normativa establece un impuesto del 1% sobre las remesas, lo que supone una reducción significativa respecto a la tasa anterior del 5%. El 4 de julio, Trump firmó este conjunto de medidas republicanas dirigidas a la reforma fiscal, con la intención de promover políticas migratorias más favorables.
La administración del presidente propuso un impuesto del 3.5% como parte de los acuerdos con los demócratas, a pesar de que en mayo la Cámara de Representantes ya había aprobado inicialmente una tasa del 5%, criticada por otros países como México.
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En el documento de más de 100 páginas del “One Big and Beautiful Bill”, se detallaron las consideraciones para aplicar el impuesto a las remesas que podría perjudicar a millones de inmigrantes que dependen de este flujo económico. El Gobierno argumentó que lo recabado será invertido en políticas migratorias, como la construcción y mejoramiento de la frontera y en el aumento del presupuesto de las principales agencias de inmigración.
Ahora,, el nuevo impuesto entraría en vigor el próximo 31 de diciembre de 2025. Además, se aplicaría a transferencias específicas:
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una de sus conferencias de “La Mañanera”, calificó a la propuesta de Trump como algo “injusto” y que, inevitablemente, perjudicaría “a los más pobres”. Por su parte, el Banco de México publicó que, durante el 2024, las remesas de mexicanos en EE.UU. alcanzaron los US$ 59 mil 518 millones.
“No queremos que las remesas tengan impuestos, porque es injusto, porque viola convenios y porque, además, va en contra de la gente más pobre, que son quienes reciben las remesas y viven de ello”, fue la respuesta de la mandataria, quien espera que no se concrete esta medida.
La reducción del impuesto a las remesas propuesta ha sido bien recibida por las comunidades migrantes, pero ha generado inquietudes en los países latinoamericanos cuyos ingresos dependen en gran medida de estos envíos.
Según el Banco Mundial, en 2023 las remesas representaron el 27,8% del PIB de Honduras, el 24,1% en El Salvador y el 18% en Guatemala, posicionando a estos países entre los más vulnerables ante cualquier política fiscal estadounidense que afecte los flujos transfronterizos de dinero.

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