El estado de Texas ha puesto sobre la mesa una propuesta para respaldar las políticas migratorias de Donald Trump, ofreciendo 600 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México. Este espacio, ubicado en la ciudad de Río Grande, fue adquirido recientemente por el estado para la construcción de infraestructura fronteriza. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, comunicó a través de una carta al expresidente su disposición para colaborar en el desarrollo de centros de detención de inmigrantes.
La iniciativa se alinea con la intención de Trump de declarar una emergencia nacional para facilitar recursos militares destinados a la implementación de sus políticas de deportaciones masivas. Según datos del portal Axios, más de once millones de migrantes en situación irregular podrían ser afectados por estas medidas, lo que podría impactar a cerca de 20 millones de familias.
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La comisionada Dawn Buckingham aseguró que Texas está "totalmente preparada" para colaborar con agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Este apoyo incluye no solo la oferta del terreno, sino también la disposición para agilizar acuerdos que permitan la construcción de centros de detención.
El terreno propuesto, adquirido el pasado 23 de octubre, fue inicialmente comprado para la construcción de un muro fronterizo, aunque el anterior propietario se negó a permitir su edificación. Ahora, con esta propuesta, Texas busca posicionarse como un aliado clave en las políticas migratorias de Trump, centrándose en la seguridad nacional y el control migratorio en la frontera con México.
Cerca a la frontera con México, Texas ofrece a Trump construir un centro para la detención de inmigrantes. Foto: Referencial
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En la actualidad, Estados Unidos cuenta con más de 200 instalaciones de detención de inmigrantes administradas por el ICE, distribuidas en diferentes estados. Estas incluyen centros contratados con empresas privadas y otros gestionados directamente por agencias gubernamentales. Texas es uno de los estados con mayor número de estos centros, dado su papel estratégico como frontera directa con México.
La propuesta de Texas busca sumar infraestructura adicional en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias. Estas instalaciones, diseñadas para albergar temporalmente a personas detenidas en la frontera o en operativos migratorios, han sido objeto de controversias por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos.
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La promesa de deportaciones masivas por parte de Trump podría cambiar drásticamente la vida de millones de personas. Según cifras oficiales, alrededor de once millones de migrantes viven en Estados Unidos sin documentos legales. Estas personas no solo enfrentan el riesgo de detención y deportación, sino que también ven comprometidas sus familias y comunidades.
Las medidas propuestas podrían impactar directamente a unas 20 millones de familias, considerando que muchos migrantes tienen hijos nacidos en Estados Unidos o están integrados en la fuerza laboral del país. Esta situación genera tensiones en estados santuario, como Massachusetts, cuya alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha declarado que su ciudad no cooperará con estas políticas federales.