El pasado 23 de setiembre se promulgó la Ley 31880, que delega por 90 días facultades legislativas al Poder Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la gestión de riesgos de desastres ante la amenaza de El Niño.
Dentro de los permisos brindados, en materia de infraestructura para los servicios básicos, se modifica el decreto legislativo 1280 —que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento— para mejorar las competencias y funciones de las entidades nacionales a cargo de este sector.
La ley establece potenciar el servicio y las capacidades institucionales de las entidades que prestan este servicio; aunque también fijan que se promocionará e incentivará la comercialización de los productos generados por la actividad de saneamiento y permitirá utilizar su infraestructura para dar este servicio público y regular su mercado estableciendo competencias, funciones e incentivos para que más agentes prestadores se sumen.
Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, advirtió que las facultades otorgadas al Ejecutivo dan pie a la privatización de servicios como el agua.
“Me parece incomprensible que se busque privatizar servicios, que son derechos, como el agua. Este pedido dice que se creen empresas intermediarias para que puedan comprar el agua producida por la empresa pública y luego venderla. Estamos debilitando lo que debería ser más que un servicio, un derecho para los peruanos”, argumentó la congresista durante su intervención en el pleno.
Hania Pérez de Cuéllar, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), reconoció a inicios de agosto que la privatización de Sedapal “es viable” porque “definitivamente no vamos a cubrir la brecha de infraestructura con el financiamiento de fondos públicos”.
“El sistema de financiamiento e infraestructura para cerrar brechas de agua y saneamiento en el Perú ha fracasado (…). Tenemos que encontrar nuevas formas de financiar y de ejecutar obras que nos permitan cerrar estas brechas y trabajar con las EPS (entidades prestadoras de servicios de saneamiento)”, anotó en RPP.
Vale añadir que el MVCS instaló por 120 días una comisión multisectorial donde se identificarán los problemas que enfrenta Sedapal para prestar el servicio de agua en Lima y Callao.
Agrupaciones como la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (Fentap) manifestaron su rechazo a la inclusión de empresas privadas en infraestructura y producción de agua potable; y, por el contrario, exigen que se fortalezca Sedapal, que, pese a restricciones normadas, continuó tercerizando a sus trabajadores en actividades esenciales y no cumplió con intervenir los casos de corrupción en algunas EPS.
Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
“Por supuesto que es viable (privatizar Sedapal). Definitivamente, no vamos a cubrir la brecha de infraestructura con el financiamiento de fondos públicos. El sistema ha fracasado”.
Sigrid Bazán, congresista
“Este pedido dice que se creen empresas intermediarias para que compren el agua producida por la empresa pública y luego venderla. Estamos debilitando lo que debería ser un derecho”.
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