Texas: funcionarios de este condado acumularon más de US$1.000.000 tras extorsionar a inmigrantes

En un artículo reciente de The New York Times, se reveló una práctica oscura y lucrativa llevada a cabo por funcionarios del condado de Kinney, Texas, ubicado a lo largo de la frontera con México. Esta red de extorsión permitió que los funcionarios locales se enriquezcan a costa de los inmigrantes que cruzan a Estados Unidos en busca del "sueño americano".

Los inmigrantes, en su mayoría provenientes de los sectores más pobres de México, se ven atrapados en un sistema que no solo pone en riesgo su seguridad, sino que también los lleva a perder grandes sumas de dinero. En un esquema de fianzas fraudulentas, los funcionarios del condado de Kinney han recaudado más de US$1.7 millones en los últimos años. Esta suma ha sido obtenida de inmigrantes que, después de ser arrestados por entrar ilegalmente al país, son obligados a pagar fianzas que jamás serán devueltas. Este dinero ha sido utilizado para engrosar las arcas del condado y financiar aumentos salariales y otros beneficios para los funcionarios locales como la compra de camionetas.

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¿Cómo funciona la red de inmigración ilegal que enriqueció a funcionarios en Kinney?

El proceso comienza cuando los inmigrantes son arrestados por cruzar ilegalmente la frontera y se les acusa de un delito menor como el allanamiento de propiedad. Tras ello, se les fija una fianza, que en muchos casos es de miles de dólares, con la promesa de que este dinero se les devolverá si se presentan en su juicio. Esto obliga a la familia del migrante en México a recurrir a métodos extremos para conseguir el dinero, como vender sus pertenencias o endeudarse mediante préstamos.

Sin embargo, una vez que los inmigrantes pagan la fianza, son entregados rápidamente a las autoridades de inmigración, que los deportan de inmediato a México. Lo que sigue es una violación sistemática de los derechos de los inmigrantes. Al ser deportados, estos individuos se encuentran imposibilitados para regresar a Estados Unidos para asistir a su juicio por intrusión ilegal, ya que la ley de inmigración prohíbe el ingreso al país sin un permiso oficial. Como resultado, el juicio se lleva a cabo en ausencia del acusado y la fianza es confiscada. Esta práctica ha sido denunciada como una forma de extorsión, ya que los inmigrantes nunca tienen la oportunidad de recuperar el dinero que pagaron.

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La red y su impacto en la comunidad inmigrante

El caso de presunta corrupción, denunciado por The New York Times, que se ha gestado en Kinney ha tenido consecuencias para las personas afectadas. En los últimos cuatro años, el condado ha recaudado más de 1.7 millones de dólares en fianzas, pero el dinero que ha sido utilizado para financiar aumentos salariales para los burócratas del condado y la compra de vehículos de lujo para los funcionarios. Mientras las autoridades locales han prosperado, los inmigrantes que pagaron estas fianzas han quedado atrapados en un ciclo de pobreza aún más profundo.

Muchos de estos inmigrantes, como se describe en el artículo de The New York Times, provienen de familias extremadamente pobres que apenas logran sobrevivir en sus países de origen. A menudo, cruzan la frontera con la esperanza de conseguir trabajos bien remunerados en Estados Unidos, lo que les permitirá enviar dinero de vuelta a sus familias. Sin embargo, en lugar de encontrar oportunidades, terminan siendo víctimas de un sistema que los despoja de sus escasos recursos y los devuelve a la pobreza.

El reconocido abogado y fundador de The Future of Freedom Foundation, Jacob G. Hornberger, expresó su indignación tras revelarse este caso, e indicó que el actual sistema de control migratorio de Estados Unidos da lugar a negocios sórdidos como este, y como consecuencia, al abuso masivo de inmigrantes. "Los funcionarios del condado de Kinney deberían avergonzarse por participar en este negocio corrupto, sórdido, maligno e inmoral contra los pobres", escribió el letrado en su sitio web.