La justicia de Corea del Sur prolonga la detención del presidente Yoon

La Justicia surcoreana prorrogó este domingo la detención del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones por haber intentado imponer la ley marcial.

Tras el anuncio de la decisión, manifestantes iracundos rompieron ventanas del tribunal, situado en el oeste de Seúl, e irrumpieron en el mismo, según imágenes retransmitidas en directo.

"Preocupa el hecho de que el sospechoso pueda destruir pruebas", indicaron los jueces al explicar su decisión de no poner en libertad al jefe del Estado.

Decenas de miles - 44.000 según la policía -- de manifestantes que coreaban lemas de apoyo a Yoon, algunos con pancartas que rezaban "Liberen al presidente", se congregaron frente a la corte y algunos se enfrentaron a la policía.

Cuarenta manifestantes fueron arrestados por agredir físicamente a los agentes, atacar a periodistas o intentar entrar por la fuerza al juzgado, entre otros delitos, indicó un oficial de la policía de Seúl a AFP.

Yoon, que fue suspendido y arrestado por haber impuesto brevemente la ley marcial en diciembre, compareció el sábado ante el tribunal y habló durante 40 minutos, indicó la agencia de noticias Yonhap.

Su abogado Yoon Kab-keun dijo a la AFP que quería "restaurar su honor" ante los jueces y que "se explicó y respondió fielmente sobre los hechos, las pruebas y los problemas legales".

La audiencia duró unas cinco horas y terminó hacia las 18h50 (09h50 GMT), según un funcionario judicial.

Yoon salió del tribunal en una camioneta azul del Ministerio de Justicia rumbo al centro de detención de Seúl donde está recluido.

Al prorrogar su detención, el tribunal dio más tiempo a los fiscales para formalizar la acusación por insurrección, punible con cadena perpetua o incluso pena de muerte, si es declarado culpable.

Yoon está acusado de haber desestabilizado el país al declarar por sorpresa la ley marcial el 3 de diciembre que poco después invalidó la Asamblea nacional dentro de un parlamento rodeado de soldados.

El 15 de enero fue arrestado por la policía y los investigadores anticorrupción en su residencia oficial tras una operación que duró seis horas.

La Asamblea Nacional adoptó el 14 de diciembre una moción para destituirle, lo que provocó su suspensión, aunque oficialmente sigue siendo el presidente del país y solo el Tribunal Constitucional tiene el poder de revocar su mandato.

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