Defensor del Pueblo presiona al Estado y la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos

El Defensor del Pueblo español instó este jueves al Estado y a la Iglesia a colaborar para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, algo a lo que la jerarquía eclesiástica se ha negado hasta ahora.

"Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos", dijo en el Congreso de los Diputados Ángel Gabilondo, donde defendió un informe sobre el asunto que presentó hace más de un año, en octubre de 2023.

Es necesario "anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia", dijo el Defensor el Pueblo, quien lamentó que, a diferencia de países como Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, España "está entre los últimos" en actuar.

El Gobierno español de izquierda aprobó en abril pasado un plan para aplicar las recomendaciones del informe, entre ellas la creación de un fondo estatal para resarcir a los afectados, pero se queja de que la Iglesia no quiera sufragar el coste.

La Conferencia Episcopal Española, que presentó su propio plan de compensaciones en julio pero sigue sin ponerlo en práctica, se niega a participar en el fondo si este no se abre a reparar a todos los menores víctimas de abusos sexuales en el país y no solo los de la Iglesia.

El Gobierno respondió que "no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral" de la Iglesia.

Varias organizaciones de afectados han denunciado que no han sido tomados en cuenta por la Iglesia para preparar su plan de reparaciones.

Tras años de negarse frontalmente, la Iglesia católica española accedió en 2022 a indagar sobre la pederastia en su seno.

Ante la opacidad de la Iglesia, el Parlamento español encargó el informe al Defensor del Pueblo, que encontró que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos.

A su vez, la Iglesia encargó una auditoría a un despacho de abogados que contabilizó al menos 2.056 víctimas.

Pero la CEE, crítica por igual del informe del Defensor del Pueblo como de la auditoría, emitió su propio reporte, que da cuenta de 1.057 "casos registrados" en sus distintas diócesis, pero con solo 358 "probados" o "verosímiles".

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