Exsubordinados de Bolsonaro irán a juicio por intento de golpe de Estado en Brasil
La corte suprema de Brasil aceptó este martes un pedido de la fiscalía para juzgar por intento de golpe de Estado a seis exsubordinados del expresidente Jair Bolsonaro, quien también irá a juicio por la presunta trama para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.
En el grupo se encuentran personas de confianza del expresidente ultraderechista como Mario Fernandes y Filipe Garcia Martins, que habrían colaborado respectivamente en la creación de un plan que contemplaba asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de un decreto para dar un sustento jurídico al fallido golpe, según la acusación de la fiscalía.
Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal votaron unánimemente para llevar a juicio a los integrantes del llamado "segundo núcleo" del caso.
"Hay pruebas suficientes y necesarias para recibir la denuncia" por intento de golpe de Estado y violación del estado democrático de derecho, entre otros cargos, afirmó el juez relator del proceso, Alexandre de Moraes.
A finales de marzo, los magistrados de la primera sala ya habían ordenado enjuiciar en una fecha por determinar a Bolsonaro y a siete colaboradores de alta jerarquía conocidos como "núcleo crucial" del supuesto plan golpista.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente de 70 años y nostálgico de ese período sacude la vida política. Bolsonaro se dice inocente y víctima de "persecución".
También hacen parte del segundo núcleo el exasesor presidencial Marcelo Costa, el exdirector de la policía de carreteras Silvinei Vasques y los delegados de policía Fernando de Sousa y Marília Ferreira de Alencar.
Estos tres últimos habrían usado fuerzas policiales para ayudar a Bolsonaro a permanecer en el poder. El supuesto plan golpista fracasó por falta de apoyo de los comandantes del ejército y de la fuerza aérea.
Los acusados irán a juicio en una fecha por definir y podrían recibir penas de prisión de hasta 40 años. "Sabían lo que estaban haciendo", dijo la magistrada Carmen Lucia durante la audiencia de este martes.
De su lado, las defensas de los acusados pidieron infructuosamente que se archivara la denuncia.
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