Sánchez propone prohibir venta de viviendas a extranjeros no europeos en España

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, propuso este domingo prohibir la compra de viviendas en España a extranjeros no europeos, tras haber esbozado antes la posibilidad de imponer un impuesto del 100% a esas transacciones, como manera de luchar contra la crisis inmobiliaria.

"Vamos a proponer que se prohíba a esos extranjeros extracomunitarios, que no residen ni ellos ni sus familias y que por tanto solamente están especulando con esas viviendas y con esas casas, el que puedan comprarlas en nuestro país", señaló Sánchez durante un acto de su Partido Socialista en la región de Extremadura, en el oeste del país.

Sánchez pronunció estas palabras luego de que el lunes pasado anunciara un nuevo paquete de medidas para combatir la crisis de la vivienda en el país, que incluyó una aceleración de la construcción de vivienda social y más impuestos a los alojamientos turísticos.

Entre las medidas se encontraba también imponer un impuesto de hasta el 100% a los extranjeros no europeos que compren bienes inmuebles en España.

Varias de estas disposiciones necesitan ser debatidas y aprobadas por el Parlamento.

"Lo que me parece injusto es que haya personas (...) en Extremadura y en otras partes de España, que paguen más impuestos que aquellos que tienen cuatro o cinco pisos turísticos", señaló Sánchez este domingo.

"Solo en el año 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos", había dicho el lunes pasado.

Sánchez ha dicho que la medida sobre la compra de viviendas por parte de extranjeros no europeos se inspira en disposiciones en Canadá, donde está efectivamente prohibida la compra de viviendas a extranjeros no residentes, y Dinamarca, donde resulta casi imposible hacerlo.

Sánchez ha reconocido una alta demanda de viviendas en España, que supera con creces la oferta, lo que ha disparado los precios.

Para el dirigente socialista, la tendencia se debe a medidas adoptadas por el Partido Popular, de derecha, tras la crisis de 2008.

El Gobierno ya había aprobado en mayo de 2023 una ley de vivienda, que preveía un aumento de la construcción de viviendas sociales, controles de alquileres en zonas de alta demanda y sanciones a los propietarios que dejaran sus viviendas desocupadas.

Pero la legislación no ha conseguido frenar el aumento de los arriendos, que subieron un 11% el año pasado, según el portal inmobiliario Idealista.

du/eg