España abre investigación a grandes gestoras de viviendas turísticas

El gobierno español anunció el jueves que abrió una investigación dirigida a las empresas que gestionan una gran cantidad de viviendas turísticas en las plataformas de alquiler, acusadas de desestabilizar el mercado con posibles prácticas comerciales engañosas.

Este proceso, que se suma a otro ya iniciado en junio contra los arrendadores que no tienen licencias turísticas, se dirige a las empresas que administran estos apartamentos, en ocasiones "cientos", según indicó el Ministerio de Consumo en un comunicado.

A estas compañías, que suelen gestionar bienes que sí disponen de licencia, se les acusa de hacerse pasar por particulares en los anuncios que publican en las páginas de alquiler para seducir a los potenciales clientes, variando para cada vivienda.

"A cada una le ponen un perfil distinto", normalmente el de "una familia ideal" y que no corresponde "al propietario real", indicó Patricia Suárez, presidenta de la asociación de consumidores Asufin, en la televisión pública TVE.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, cuyo departamento promovió la investigación, indicó a los periodistas que esto podría rebelar prácticas comerciales engañosas que podrían estar "cercenando el derecho a la vivienda en España".

El anuncio de esta investigación llega en momentos en que en España se multiplican las críticas contra los apartamentos turísticos, acusados de fomentar la escalada de los precios de las rentas en las grandes ciudades al reducir la cantidad de viviendas disponibles para el alquiler de los residentes.

Para tratar de frenar el descontento, la alcaldía de Barcelona (noreste) anunció en junio su intención de acabar con los alquileres turísticos de aquí a finales de 2028. En Málaga (sur), la alcaldía decidió que no autorizará nuevos apartamentos vacacionales en 43 barrios de la ciudad.

Estas medidas son alentadas por el gobierno de izquierda español, que trabaja en la creación de un registro de viviendas turísticas para luchar contra el alquiler ilícito de algunos apartamentos, que podría estar operativa en primavera de 2025.

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