EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la administración de recursos del Seguro Social de Salud (EsSalud). Según el documento de control, entre los años 2020 y 2023 la entidad continuó pagando remuneraciones y pensiones a personas que ya habían fallecido, lo que generó un perjuicio económico significativo que supera los 900 mil soles, monto que hasta el momento no ha sido recuperado en su totalidad.

De acuerdo con la auditoría, los pagos indebidos exactos equivalen a S/ 963 383,55. No obstante, EsSalud solo logró recuperar S/ 79 756,03, por lo que aún quedaría pendiente la devolución de S/ 882 365,02. El informe detalla que los depósitos se realizaron de forma periódica durante varios meses posteriores al fallecimiento de los beneficiarios, llegando en algunos casos a extenderse hasta por 44 meses después del deceso.

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Pagos indebidos en Lima y Lambayeque

Las irregularidades fueron detectadas en tres dependencias de EsSalud: la sede central, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y una oficina ubicada en la región Lambayeque. En total, se identificó que 101 personas fallecidas continuaron figurando como beneficiarias de pagos.

Del total de casos, 52 correspondían a pensionistas de la sede central, mientras que 42 estaban vinculados al Rebagliati. Los demás se distribuían según las funciones que los trabajadores desempeñaron en vida. La Contraloría precisó que los montos eran depositados de manera automática, sin que se realizara una verificación oportuna del estado de vida de los beneficiarios.

Falta de actualización y deficiencias en el control

La Contraloría atribuyó esta situación, principalmente, a la falta de actualización del estado de vida de los trabajadores y pensionistas en los sistemas administrativos de EsSalud. Además, se identificaron retrasos en la información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sin embargo, el informe también advierte que la entidad no implementó mecanismos internos adicionales para contrastar esta información, pese a que los pagos continuaban efectuándose con normalidad. Esta omisión permitió que los depósitos se mantuvieran durante meses sin observación ni suspensión preventiva.

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Responsabilidad administrativa y acciones tardías

El documento también señala a la Subgerencia de Compensaciones de EsSalud, al indicar que esta dependencia no habría adoptado las acciones necesarias, durante su periodo de gestión, para recuperar de manera integral los pagos indebidos. Asimismo, no se habría comunicado oportunamente a las áreas competentes para iniciar los procesos de cobranza correspondientes.

Recién en octubre de 2024 se habrían comenzado a tomar acciones concretas frente a esta situación, pese a que los pagos irregulares se remontan a años anteriores. La Contraloría indicó que al menos 10 funcionarios estarían implicados en estos hechos, por lo que el informe fue notificado a EsSalud para que realice las observaciones pertinentes y adopte las medidas administrativas y legales que correspondan.

El organismo de control concluye que el caso evidencia deficiencias en los mecanismos de control interno de EsSalud y subraya la necesidad de fortalecer los procesos de verificación y la coordinación interinstitucional, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a afectar recursos públicos destinados al sector salud.

EsSalud se pronuncia

Tras conocerse el informe, EsSalud mencionó a La República que acogerá las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría N.° 033-2025-2-0251-AC, titulado “Pago de pensiones y remuneraciones a servidores y pensionistas de EsSalud fallecidos”, emitido el 15 de diciembre de 2025 y recibido por la institución el 6 de enero de 2026.

La entidad precisó que el informe analiza pagos realizados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, periodo que corresponde a gestiones anteriores. Asimismo, indicó que la actual administración, iniciada en marzo de 2025 y liderada por el presidente ejecutivo Segundo Acho Mego, mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y reafirmó su compromiso de promover una gestión ética y transparente en beneficio de la población asegurada.

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