Aprueban protocolos de Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo en Perú para delitos cometidos por menores

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) oficializó la aplicación de dos protocolos nacionales que buscan estandarizar la respuesta del Estado ante adolescentes implicados en infracciones penales. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 030-2025-JUS, regula el uso de la justicia terapéutica con enfoque restaurativo y los mecanismos restaurativos, herramientas que priorizan la rehabilitación y la reparación del daño, sin modificar las sanciones ya contempladas en la legislación peruana.

Los protocolos están dirigidos a menores de 14 a 17 años que se encuentren en investigación, juicio o cumpliendo una medida socioeducativa por un delito cometido durante la adolescencia. También alcanzan a jóvenes que ya cumplieron 18, pero que aún permanecen en ejecución de una sanción juvenil.

En casos de delitos especialmente graves —como sicariato o violación seguida de muerte— el internamiento en centros juveniles, y no en penales de adultos, puede extenderse de 6 a 8 años, conforme al artículo 163.4 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes modificado.

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¿Qué son la justicia terapéutica y los mecanismos restaurativos?

La llamada justicia terapéutica contempla atención integral en salud mental y consumo problemático de sustancias, con exámenes toxicológicos, derivación a centros de salud y un seguimiento judicial basado en pre-audiencias y evaluaciones de avances, con el fin de reducir la reincidencia.

Por su parte, los mecanismos restaurativos permiten que el menor repare el daño a la víctima o a la comunidad de forma directa (encuentros presenciales), indirecta (cartas o videos) o simbólica (acciones comunitarias), bajo la coordinación de conciliadores y mediadores acreditados por el MINJUSDH.

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La voz de penalistas sobre justicia terapéutica

El abogado penalista Joel Cordova indicó a La República que los protocolos no introducen un nuevo modelo legal, aclarando que no se trata de un cambio sustancial: "No están trayendo nada nuevo, simplemente especifican lo que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes ya señala".

A pesar de ello, Cordova considera que sí podría representar un avance, ya que se está delimitando de forma precisa ''cómo podrán comportarse las instituciones, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y demás entidades, frente a la comisión de delitos por adolescentes''.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión comenta que distintos estudios evidencian que la justicia terapéutica sí reduce la residencia en menores, ''pero en tanto esta sea bien aplicada''. Sin embargo, según el especialista, ''el problema en Perú siempre ha sido logístico, no se tenían los medios para ello. No contamos con la data o experiencias piloto que respalden este cambio en nuestro contexto actual''.

Carrión precisa que en otros países como Estados Unidos, o en algunas naciones de Europa como Alemania, Francia y también España, sí se han dado este tipo de evidencias, pero respecto a sus ''propias realidades''. ''La realidad delincuencial de menores en esos lugares es distinta a la de nuestro país'', indicó.

Para ambos expertos, el impacto dependerá de la ejecución real, del presupuesto y de la capacidad del sistema para cumplirlo sin generar una sensación de impunidad en las víctimas.

Finalmente, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló a este medio que ''exigir equipos técnicos interdisciplinarios amplía mucho la base de atención al tema. Lo burocratiza''. De acuerdo a su visión, es responsabilidad del Ejecutivo definir el trato a menores infractores y como se repara el daño a los afectados por los delitos.

La implementación involucra al Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública del MINJUSDH, PRONACEJ y el sector Salud, y su cumplimiento es obligatorio para todas las instituciones del Sistema Penal Juvenil.

Pedraza agregó que la reciente ley que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos por delitos graves, ''condiciona los convenios internacionales''. Pedraza considera que ''no es correcto'' que un adolescente sea tratado como un adulto y cumpla sanción en una cárcel, así tengan espacios especiales dentro de ella, como ha afirmado el Estado. ''Eso es difícil porque no hay infraestructura'', apunta.

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