Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Familiares de desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente entre 1980 y 2000, solicitaron a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no presentar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, pues el Tribunal Constitucional, nombrado por el actual Congreso, podría desestimarla, impidiendo así a los jueces ejercer el control difuso para no aplicarla, como han estado resolviendo en los últimos dos casos.

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"Estamos exigiendo al Ministerio Público, a la fiscal de la Nación, que no presente la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. Hay que tener también una cultura política de quién es esta entidad, que ha sido nombrado por este Congreso para defender leyes que están hechas a favor de la criminalidad y del pacto político con este gobierno", señaló Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado de la Universidad La Cantuta y luego asesinado por el Destacamento militar Colina en julio de 1992.

"No hay que darle la oportunidad de que declaren esta Ley de Amnistía como constitucional y obliguen a los jueces a actuar, porque hasta el momento están ejerciendo el control difuso de manera autónoma, independiente, y están rechazándola. No es necesario darle la oportunidad al Tribunal Constitucional de que se pronuncie sobre esta ley de impunidad", remarcó.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que representa a varias víctimas, expresó su respaldo a la voluntad de los familiares. “Le solicitamos al Ministerio Público que escuchen las voces de las personas que llevan luchando más de 40 años por la búsqueda de verdad y justicia”, expresaron en sus redes sociales.

Quinto plantón

Familiares de las víctimas de las violaciones a derechos humanos realizaron su quinto plantón frente al Palacio de Justicia. Alzaron su voz de protesta por la reciente promulgación de la Ley de Amnistía, ya que generará impunidad en los graves delitos cometidos por militares, policías y miembros de comités de autodefensa entre 1980 y 2000 el marco de la lucha contrasubversiva.

“Nosotros estamos desde el 13 de agosto haciendo plantones todos los jueves al finalizar la tarde, esperando la solidaridad de personas y colectivos sociales, contra el afán de este gobierno de dar impunidad con estás leyes de amnistía y prescripción de delitos de lesa humanidad”, sostuvo Ortiz.

“Estamos viviendo una grave situación de desprotección en materia de derechos humanos y de atropello al derecho que tenemos a la verdad y la justicia”, remarcó.

Víctimas de las esterilizaciones forzadas también se hicieron presentes en el lugar. Sostuvieron que la salida del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es más que un pretexto del gobierno de Dina Boluarte para escapar de la justicia.

Además, rechazaron el reciente archivo de la denuncia constitucional contra la mandataria por los casos de las protestas sociales del 2022-2023.