Fiscalía rechaza Ley de Amnistía y la califica de inconstitucional: "Es jurídicamente inviable"

Las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad rechazaron la ley de amnistía y aseguraron que "es jurídicamente inviable", esto debido a que vulnera principios constitucionales esenciales y se opone a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.

"Esta ley afecta esencialmente el cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos", indicó la fiscal superior coordinadora Rosario Quico mediante un pronunciamiento en la cuenta oficial de X del Ministerio Público.

Asimismo, informó que estarán solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la referida norma.

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Corte IDH ordenó no promulgar Ley de Amnistía a violadores de derechos humanos

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, instó al Estado peruano a suspender de manera inmediata el proceso del proyecto de Ley de Amnistía, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En caso de que el Gobierno no frene la tramitación de la ley, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, la CIDH solicitó al sistema judicial peruano abstenerse de aplicar dicha norma en esos casos.

La Corte Interamericana subrayó que esta suspensión debe mantenerse para evitar que la ley tenga efectos jurídicos hasta que la Corte pueda analizar la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar su impacto en los casos mencionados, Barrios Altos y La Cantuta, que ya han sido resueltos por la Corte.

Anteriormente, el Congreso —a través de los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto (Honor y Democracia)— protagonizó un episodio de impunidad vinculado al conflicto armado interno. Esto ocurrió con la promulgación de la denominada "Fujiley", una norma que establecía la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. La ley fue duramente criticada por organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió medidas provisionales que fueron desatendidas por el Ejecutivo. La norma fue aprobada por la Comisión Permanente durante el receso parlamentario, lo que permitió considerarla como aprobada sin haber sido debatida en el Pleno.