Ciudadanos rechazan que JNJ reponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

El intento de restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no contó con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. De acuerdo con el reciente informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 68% de los encuestados expresó su desacuerdo con la decisión de la JNJ. La medida, que generó una amplia controversia política y judicial, se dio en un contexto de desconfianza hacia las instituciones del Estado.

El rechazo a la reposición de Benavides es más marcado en el sur del país, entre los hombres, personas con educación superior y ciudadanos que se ubican ideológicamente en la izquierda o el centro. Estos datos refuerzan la percepción de que, para amplios sectores de la ciudadanía, la figura de exfiscal está relacionada con una gestión polémica y debilitada por graves cuestionamientos.

Un 19% de los encuestados no precisó una postura ante la iniciativa de reponer a Patricia Benavides. Esta cifra se eleva en mujeres, personas de sectores socioeconómicos D y E y ciudadanos fuera de Lima, lo que deja en evidencia una brecha de información institucional. La encuesta también reveló un alto grado de desconocimientos sobre la función que cumple la JNJ.

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Rechazo ciudadano a instituciones del sistema de justicia

El caso de Patricia Benavides se inscribe en un clima generalizado de donde la desaprobación hacia las principales instituciones vinculadas con el Estado de derecho crece entre la ciudadanía. Según el IEP, ninguna de ellas supera el 20% de aprobación. El Ministerio Público alcanza apenas un 18%, una caída drástica si se compara con los niveles de diciembre de 2022. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional muestran cifras similares.

En paralelo, la Junta Nacional de Justicia también enfrenta altos niveles de desaprobación. El 69% de los encuestados rechaza su gestión. Este rechazo es más fuerte en Lima y el sur del país, en sectores con mayor nivel educativo y entre quienes tienen entre 25 y 39 años. A esto se suma un 19% que no conoce o no tiene una opinión sobre la labor de la institución.

Estos datos reflejan no solo el desgaste de las instituciones judiciales, sino también una creciente sensación de indiferencia o resignación frente a las decisiones políticas. La ciudadanía parece percibir que las disputas dentro del sistema de justicia no tienen consecuencias reales sobre su vida cotidiana, lo que agrava la crisis de legitimidad que atraviesan estos organismos.