Gobierno insiste en instrumentalizar la lucha contra la mujer para imponer franja obligatoria de contenidos a medios de comunicación

La polémica por la franja obligatoria de contenidos continúa. El día de ayer, 28 de mayo, el Congreso promulgó una ley que obliga a los medios de comunicación a ceder el 10% de su programación para emitir una franja educativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Ante la pregunta de si esta iniciativa busca ser utilizada para promover contenidos afines a los intereses de los poderes políticos, el primer ministro, Eduardo Arana, negó dicha intención.

"Como representante del Ejecutivo, rechazo tajantemente cualquier insinuación de que buscamos restringir la libertad de expresión o interferir en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Nuestra posición es clara y firme: defendemos plenamente la libertad de prensa como un pilar de la democracia. (...) El Ejecutivo presentó observaciones a esta norma en su momento, advirtiendo que podía invadir la esfera de autonomía de los medios y prestarse a malas interpretaciones. Ahora que la ley está vigente, la evaluaremos con rigor, pero puedo asegurar que no será utilizada para fines ajenos a su objetivo principal: contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer y la familia", señaló.

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Franja de contenidos en los medios podría ser usada con fines propagandísticos, advierte Medios Perú

Sin embargo, la instrumentalización del tema de la violencia contra la mujer para imponer narrativas o contenidos afines al Gobierno o al Congreso continúa siendo motivo de preocupación. La Coordinadora de Medios Locales (Medios Perú) aseguró que este tipo de iniciativas puede atentar contra la independencia económica y editorial de los medios de comunicación. Además, advirtió que podría ser utilizada con fines ideológicos por parte del gobierno de turno.

"Si bien compartimos plenamente la necesidad de luchar contra toda forma de violencia, advertimos que esta ley impone una carga arbitraria, sin criterios claros sobre los contenidos a transmitir ni mecanismos de control que garanticen el respeto a la independencia editorial de los medios. Esta norma abre la puerta a la intromisión estatal en la línea de programación, lo que constituye una peligrosa vulneración de la libertad de expresión y del principio constitucional de la autonomía informativa. (...) Esta imposición, además de atentar contra el modelo económico de sostenibilidad de los medios —especialmente los locales, que luchan día a día por subsistir—, también podría ser utilizada con fines propagandísticos, dependiendo del gobierno de turno", indicaron.

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Congreso: ¿Qué dice la ley que obliga a los medios a ceder el 10% de su programación para prevenir la violencia de género?

El Congreso ha aprobado una nueva disposición legal que exige a todos los medios de comunicación —ya sean impresos, radiales, televisivos o de cualquier otro tipo, tanto públicos como privados— destinar el 10 % de su programación a un segmento educativo enfocado en la concienciación sobre la violencia de género y familiar. Esta franja deberá transmitirse en horario de protección familiar, y su propósito es difundir mensajes sobre prevención, atención, protección, sanción y reeducación para erradicar la violencia contra mujeres y miembros del entorno familiar.

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Esta medida modifica el artículo 46 de la Ley 30364, que ya contemplaba el compromiso de los medios con la objetividad informativa y la promoción de los derechos humanos, así como el respeto a la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia. A esta disposición se suma ahora la habilitación para que instituciones del Estado que forman parte del Sistema Nacional contra la Violencia puedan utilizar gratuitamente ese espacio educativo. El dictamen fue aprobado el 22 de mayo con 80 votos a favor y tres abstenciones, luego de que el Poder Ejecutivo observara inicialmente el proyecto presentado por la congresista Mery Infantes.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, aclaró que el acceso gratuito por parte de las entidades estatales ya estaba contemplado en la ley vigente, y que lo aprobado solo precisa el enfoque del contenido que debe transmitirse: la lucha contra la violencia de género. López también rechazó una supuesta vulneración de la autonomía de los medios, argumentando que el marco legal ya establecía estas obligaciones y que solo se está reforzando su aplicación frente a un problema estructural que afecta la integridad y la vida de miles de mujeres en el país.