Ricardo Valdés advierte que observaciones a ley de detención preliminar "dejarían fuera de alcance 88 delitos"

Ante el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, el Gobierno decidió analizar el proyecto de ley relacionado con la detención preliminar sin flagrancia, en lugar de promulgarlo y restituirlo rápidamente. Esta iniciativa, que pretende elevar la pena mínima de 4 a 8 años, dejaría fuera de la detención preliminar a 88 delitos graves, incluyendo corrupción, explotación sexual, tráfico de órganos y trabajo forzoso, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Durante los primeros días de enero, el Sinadef reportó un promedio de 13 asesinatos diarios en el país, lo que refleja una escalada en la violencia. Frente a esta situación, la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia representa un retroceso. Aunque el Congreso intentó reponer la medida con el proyecto de ley 9733/2024-CR, la propuesta del Ejecutivo ha levantado cuestionamientos por limitar su aplicación a delitos "muy graves", dejando fuera dos tercios de los casos que calificaban anteriormente.

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Valdés explicó que, de los 135 delitos contemplados anteriormente, solo 47 tipos penales podrían estar sujetos a detención preliminar con las nuevas observaciones, dejan 88 fuera. Esto incluye crímenes como lesiones graves, tráfico de migrantes, corrupción y violación sexual mediante engaño, que quedarían fuera de alcance.

A ello se le suma, la minería ilegal, tráfico de productos forestales, apología del terrorismo, bandas criminales, participación en grupos armados dirigidos por extranjeros, soborno internacional, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, entre otros.

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Según el especialista, esta modificación no solo debilita la capacidad de investigación del Ministerio Público, sino que también fomenta la impunidad y limita la efectividad de herramientas cruciales como la colaboración eficaz.

Asimismo, el exviceministro del Interior también advirtió que, en casos como el atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo, los autores podrían no ser detenidos si no son sorprendidos en flagrancia. Esta situación subraya la necesidad de mantener una normativa que permita actuar de manera efectiva frente a la criminalidad.

Según las observaciones del Ejecutivo, el aumento de la pena mínima busca reforzar la presunción de inocencia y evitar confusiones entre detención preliminar y prisión preventiva. Sin embargo, Valdés cuestionó la intención detrás de la propuesta, señalando que parece diseñada para proteger delitos de corrupción al establecer barreras generales que afectan a un amplio espectro de crímenes.

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Además, esta medida podría obstaculizar el acceso a pruebas críticas que sustentan los casos judiciales, como documentos y testimonios obtenidos mediante detenciones preliminares. Esto, según Valdés, pone en riesgo la capacidad del sistema de justicia para frenar el avance del crimen organizado y la corrupción.

Ante esta situación, Valdés hizo un llamado al Congreso para que revierta las modificaciones planteadas por el Ejecutivo. Destacó que la detención preliminar en casos de no flagrancia es una herramienta esencial para garantizar que el Ministerio Público pueda acceder a pruebas contundentes y frenar el avance de la criminalidad en el país.