Informe de Human Rights Watch sobre Perú: el 2024 estuvo dominado por la impunidad y una democracia debilitada

El 2024 ha sido un año difícil para la democracia y el Estado de derecho en Perú, así lo retrató Human Rights Watch (HRW) en el capítulo sobre nuestro país que incluye su informe presentado hoy a nivel mundial.

“El Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”, resume el primer párrafo del documento.

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Y acto seguido recalca que “la presidenta Dina Boluarte hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho”.

Es más, indica que el Ejecutivo también implementó políticas “que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial”.

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Cinco expresidentes acusados de corrupción

En el caso de la corrupción, HRW remarca que cinco expresidentes han sido acusados por delitos conexos. En este momento el exmandatario Alejandro Toledo ha sido condenado en primera instancia a 20 años de prisión por lavado de activos y colusión en haber recibidos sobornos para la concesión de la carretera Interoceánica, inmerso en el caos Lava Jato. Además, se está procesando por delitos vinculados a corrupción a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Ollanta Humala y Pedro Castillo.

A ellos se suma la actual mandataria: Boluarte es investigada por presuntos aportes ilegales para su campaña política, así como por haber recibido joyas y costosos relojes Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

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Y el Congreso no se queda atrás, pues el informe remarca que a mayo del año pasado, 67 de los 130 parlamentarios estaban siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos, según la base de datos del Ministerio Público, hecha pública en varios medios de comunicación.

Y como respuesta, el Legislativo se lanzó en una carrera por aprobar leyes que los favorecieran: en diciembre de 2023 aprobó por insistencia la modificación a la Ley de Colaboración Eficaz, reduciendo drásticamente el plazo para que los fiscales corroboren las declaraciones de un colaborador, dificultando el uso de esta herramienta.

Asimismo, en julio pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley para restringir la definición penal de “crimen organizado”, dificultando a la fiscalía investigar delitos relacionados, como la corrupción y la extorsión.

“Boluarte no vetó el proyecto, por lo que la ley fue sancionada en agosto. En octubre, el Congreso reintrodujo la extorsión y otros delitos en la definición de ‘crimen organizado’, pero mantuvo la exclusión de muchos delitos de corrupción y las reformas previas que limitan las investigaciones penales contra el crimen organizado”, sentencia el informe.

Ataques al sistema de justicia

Otros actos cuestionados fueron los que apuntaban a debilitar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que nombra y destituye a jueces, fiscales y autoridades electorales, y que el 2024 jugó un rol clave en la protección de la separación de poderes en nuestro país.

En marzo, el Congreso removió a los miembros de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello, que investigaban a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien apoyaba el sector con más poder del Parlamento. Cuatro meses después fueron repuestos por un fallo judicial.

No contentos con ello, en junio, la Comisión de Constitución aprobó una reforma para eliminar la JNJ, pues los designarían y removerían a las autoridades electorales, la cual no llegó a pasar en el pleno.

Finalmente, los miembros de la JNJ cumplieron su mandato en enero, y los sucedieron por otros nombrados en un proceso cuestionado y que una misión internacional de expertos señaló que “no cumplió con los estándares internacionales de transparencia, publicidad, criterio técnico y participación ciudadana”.

HRW menciona también la ley que faculta a la policía a investigar sin la presencia de los fiscales, lo que va “desmedro del Ministerio Público”. Acota que a pesar de las advertencias de fiscales y asociaciones de abogados de que ello reduciría la eficacia y la rapidez de las investigaciones penales, la presidenta Boluarte no lo observó y fue promulgada en octubre.

Mayor impunidad

Uno de los puntos claves que afecta las investigaciones y procesos contra las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, es la ley que aprobó el Congreso para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003.

El informe de HRW destaca que su aprobación viola una resolución “de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Congreso detener la discusión del proyecto de ley por resultar contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.

Y pese a que fiscales han advertido que la norma pondría en riesgo 600 casos relacionados con crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad y al

grupo armado maoísta Sendero Luminoso, Boluarte no observó el proyecto, facilitando así que el Parlamento la promulgue.

Inseguridad ciudadana

HRW expone que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los peruanos pues el número de homicidios y de extorsiones se multiplicaron.

Expertos en seguridad indicaron que los estados de emergencia decretados por la presidenta Boluarte como respuesta a la inseguridad han sido ineficaces para combatir al crimen,

Más bien la presidenta atribuyó el aumento de la delincuencia a los migrantes venezolanos, sin presentar pruebas.

En noviembre, el Congreso aprobó un proyecto para reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal por homicidio agravado, extorsión, entre otros delitos.