Golpe al crimen organizado en Brasil: red de blanqueo en el sector de combustibles es desmantelada
Las autoridades brasileñas desmantelan una operación de lavado de dinero que blanqueó 52.000 millones de reales a través de gasolineras y fintechs, impactando al crimen organizado.
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Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon el jueves al crimen organizado en una de las "mayores operaciones" contra estas bandas en la historia del país.
La gigantesca red de fraude y lavado de dinero utilizó fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según el gobierno.
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Es "una de las mayores operaciones de la historia contra el crimen organizado, sobre todo en su actuación en el mercado legal", dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una conferencia de prensa en Brasilia.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa.
El esquema desmantelado operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, fabricación, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas.
La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.
El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo "extremadamente sofisticado" que exigió la cooperación de muchos organismos para "descifrar la ruta del dinero", durante la rueda de prensa.
Red de blanqueo de dinero es desmantelada en Brasil
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país.
La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos São Paulo y Río de Janeiro.
La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de São Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones financieras.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba al menos 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y más de 1.000 camiones de transporte de combustible, generalmente adulterado.
Entre las prácticas fraudulentas en la venta de combustibles está además una conocida como "surtidor bajo", por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil "es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente", según el Ministerio Público de São Paulo.
El metanol, "altamente inflamable y tóxico", es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, "generando lucros millonarios", agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
¿Cómo funcionaba la red de blanqueo de dinero en Brasil?
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros en lugar de en bancos tradicionales, lo que "dificultaba el rastreo de los valores", según Hacienda.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un "banco paralelo" recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.
Las firmas investigadas implementaron "una contabilidad paralela", que permitía "transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados", explicó el Ministerio Público de São Paulo
El fisco dijo haber "identificado al menos 40 fondos de inversión controlados" por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).
Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas de etanol para producir combustible vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
