Abogado de empresaria Goray: “Lo que pagó ella fueron extorsiones”
Contraataque. Sada Goray Chong inició acciones legales contra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) por haber cancelado la inscripción de un terreno de 90 hectáreas en Chilca, que el Estado reclama como suyo.
La empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong inició acciones legales para invalidar la resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que decretó que no le pertenece un predio de 90 hectáreas en Chilca, en el sur de Lima. Además, dispuso que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) restituya el terreno que está a nombre del Estado.
La decisión de la SBN fue adoptada en el actual Gobierno luego de concluir que durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, se presentaron documentos falsos para inscribir el terreno a nombre de Sada Goray.
Poco antes de la finalización del régimen de Castillo, Sada Goray admitió haber pagado sobornos al exjefe del Gabinete de Asesores, Salatiel Marrufo Alcántara. Y este reconoció que las coimas tuvieron como finalidad que la SBN admitiera un reclamo de Sada Goray para que el predio de Chilca, que estaba inscrito a nombre del Estado, se le reconociera como suyo porque lo había comprado legalmente.
El abogado de Sada Goray, David Torres Barreto, declaró a La República que, no obstante que su cliente admitió el pago de los sobornos, la propiedad de las 90 hectáreas indiscutiblemente le corresponde a la empresaria inmobiliaria.
"Se decía que el Estado le había regalado 90 hectáreas de terreno a Sada Goray y eso es una falsedad. Sada Goray compró el terreno en 2019, un terreno inscrito en Registros Públicos cuyos títulos provenían de la comunidad campesina de Chilca. La SBN dice que el terreno es del Estado porque tiene una ficha registral, pero la pregunta es ¿ese terreno que reclamas como tuyo tiene una ficha más antigua que la tuya? SBN nunca te dice que hay una partida antigua. Desconozco por qué la SBN no cumple con su labor", explicó el abogado David Torres.
Respecto a por qué Sada Goray tuvo que pagarle sobornos por S/5,5 millones en efectivo y un inmueble de S/3,8 millones, al exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara, para obtener de la SBN resoluciones a su favor, el defensor Torres arguyó: "Supuestas coimas, pero yo de lo que he leído, no soy penalista, creo que fueron extorsiones".
Es la misma versión de la empresaria, quien alega que se vio obligada a hacer dichos pagos porque se encontraba extorsionada. Es decir, si no hacía los desembolsos ilegales, la SBN no le daría la resolución que quería. Según el abogado David Torres, el reclamo de Goray tiene sustento.
"Cuando Sada Goray compra la propiedad pide a la SBN que rectifique su partida registral porque se superpone con 90 hectáreas que son mías. Lo pide el 1 de julio de 2021 y la SBN dice: 'Tienes razón'. Y levanta la superposición de partidas solamente de esas 90 hectáreas, cuando tuvo que haber levantado toda la partida de la comunidad campesina de Chilca. Porque la comunidad también dice que hay superposición de partidas. Cuando hay una superposición de partidas, prevalece la más antigua", precisó David Torres.
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Durante el gobierno de Castillo, en las resoluciones favorables a Sada Goray, tuvo intervención la abogada Flor Olivera Orellana como consultora de la SBN. Olivera aparece como socia y abogada de Sada Goray, por lo que no debió intervenir en los casos de su amiga.
Sin embargo, el abogado David Torres indicó: "Flor Olivera no ha sido socia de Sada Goray. Flor Olivera era abogada de un socio (Fernando Pazos Guayamares) de Sada Goray. Cuando formaron la empresa, como el socio no podía firmar, le dio poder a su abogada Flor Olivera para que vaya a firmar la escritura pública", dijo.
"A Flor Olivera la convocan a trabajar en la SBN porque ella presta servicios al Estado en diferentes áreas. Olivera trabajaba desde febrero de 2021 en la SBN y cuando le llega el caso (de Sada Goray) es porque se le derivó", arguyó el abogado de la empresaria.
Cuando se le indicó al letrado David Torres que era indudable el vínculo entre Sada Goray y Flor Olivera, y que por razones de conflictos de intereses no debió revisar el caso de su amiga, respondió: "Olivera no tenía ningún impedimento para verlo (el caso de Goray)".
Exfuncionarios de la SBN han declarado que fueron destituidos por negarse a emitir informes y resoluciones a favor de Sada Goray, como reclamaba Salatiel Marrufo. Preguntado al respecto, el abogado sostuvo: "Cambios de directores ha habido en todas las entidades del Estado".
Amiga. Flor Olivera Orellana, exabogada de la SBN y socia de Sada Goray. Foto: difusión
Interpone demanda contencioso administrativa
Sada Goray ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) por la cancelación de la partida del terreno de 90 hectáreas en Chilca.
También ha requerido la suspensión y destitución del jefe Zonal Registral IX de la Sunarp, José Pérez Soto, quien ordenó la restitución del terreno al Estado, basándose en un informe técnico de la SBN, que denunció el uso de planos y documentos falsos en el trámite seguido por Sada Goray.
"Ella (Sada Goray) denuncia dos temas de fondo: que no fue notificada (de la cancelación de la partida) y que no hay sustento legal para la mencionada cancelación. No se le notificó porque la rectificación de partida la hizo la SBN y la partida es de la SBN. Ella (Sada Goray) no era parte del proceso", explicó, por su parte, José Pérez Soto a La República.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Desde el 2018 en La República, antes en Latina y TV Perú.