
La semana pasada, mientras se conocía la denuncia por una presunta agresión sexual contra un adolescente del Liceo Naval Almirante Guise, la Defensoría del Pueblo volvía a recordarnos Condorcanqui: años de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas y una deuda de justicia y reparación.
De Condorcanqui a San Borja median diferencias. Cambian los contextos y las relaciones de poder. Pero mirarlos juntos obliga a reconocer algo incómodo: la violencia sexual, tan extendida como normalizada; y una pregunta dolorosa: ¿qué tiene que ocurrir para que otro ser humano deje de ser percibido como alguien con dignidad, límites y derechos y pase a ser tratado como un cuerpo disponible, objeto de dominio, diversión o humillación?
Las escuelas no son islas. Niñas, niños y adolescentes llegan a ellas con lo que la sociedad les muestra cada día y con lo que aprenden en sus familias, las redes y los múltiples espacios donde se construyen identidades y vínculos. La impunidad, el abuso de poder, la cosificación y la incapacidad de reconocer que la integridad y dignidad del otro importan tanto como las propias son problemas que atraviesan a toda la sociedad y que la escuela no puede resolver sola, pero tampoco puede ponerse de costado.
La escuela puede y debe asegurar que las y los estudiantes aprendan sobre el consentimiento y los límites; a reconocer relaciones desiguales de poder y rechazar la discriminación; a respetar la intimidad, pedir ayuda y actuar frente al abuso; a comprender que el cuerpo del otro no está disponible.
Por eso preocupa que se debiliten políticas que permiten abordar estos asuntos de manera explícita. Dejar de hablar de ellos no hará que desaparezcan.
Las niñas de Condorcanqui siguen esperando justicia y reparación. El adolescente de San Borja necesita protección y respuestas. Todos necesitan algo más que indignación: aprender, antes de que la violencia ocurra, que el otro importa.
*Colabora Patricia Andrade Pacora, exviceministra de Gestión Pedagógica en Ministerio de Educación del Perú

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