
Los resultados de PISA 2025 confirman una mala noticia: el Perú no solo está mal, está peor que en 2022. Entre 2022 y 2025, el puntaje promedio cayó 18,1 puntos en lectura, 8,8 en matemáticas y 2,2 en ciencias. El retroceso nos coloca incluso por debajo de los resultados de 2018, antes de la pandemia.
PISA evaluó a cerca de 722 mil escolares de 15 años en 91 países. El Perú está muy por debajo del promedio de la OCDE: 71 puntos menos en lectura, 81 en matemáticas y 76 en ciencias. También queda rezagado frente a varios países de la región. Chile, por ejemplo, nos supera en 46 puntos en lectura, 20 en matemáticas y 37 en ciencias.
Pero la posición en el ranking no es lo más preocupante. Lo importante es saber cuántos jóvenes no alcanzan siquiera las competencias mínimas. En 2025, alrededor de la mitad de los escolares de 15 años no comprende adecuadamente lo que lee; 66,2% no alcanza el nivel mínimo en matemáticas y 52,6% en ciencias. Además, 39,9% presenta niveles muy insuficientes simultáneamente en las tres áreas, frente a 33,1% en Colombia, 29% en México, 27,3% en Chile y 17,1% en la OCDE.
No entender lo que se lee no es una deficiencia aislada. Dificulta aprender matemáticas, ciencias y cualquier otra materia. Y las carencias se acumulan y repercuten sobre los futuros desempeños. Sin competencias básicas, se tendrá una mala inserción laboral y limitado desarrollo personal.
El problema no termina en el promedio nacional. El rendimiento está estrechamente asociado al nivel socioeconómico. Un alumno del estrato más bajo obtiene, aproximadamente, 20% menos en lectura y matemáticas que uno del estrato más alto. Entre el 10% con peores resultados y el 10% con mejores resultados, la brecha llega a alrededor de 45% en lectura y 41% en matemáticas y ciencias.
Estas diferencias importan mucho más allá de la escuela. Dos jóvenes con el mismo nivel educativo pueden llegar al mercado laboral con competencias muy diferentes. Y esas diferencias terminan reflejándose en sus trayectorias laborales e ingresos. El mercado laboral remunera competencias, no solamente diplomas.
¿Por qué hemos retrocedido? Hace falta estudiar mejor las causas. Entre las hipótesis destacan el impacto de la pandemia y el cierre prolongado de las escuelas, pero también los cambios en la forma en que los adolescentes consumen información y utilizan los dispositivos digitales.
Los jóvenes evaluados en PISA 2025 tenían alrededor de 10 años cuando comenzó la pandemia. El cierre de las escuelas interrumpió precisamente una etapa decisiva en la adquisición de habilidades básicas y afectó más a quienes no tenían medios para seguir las clases remotas ni un entorno familiar capaz de compensar la ausencia de la escuela.
Los datos muestran la magnitud de la ruptura. En 2020, los adolescentes que no estudiaban ni trabajaban pasaron de 9,6% a 20,4%, mientras que quienes solo estudiaban cayeron de 68,8% a 60,9%. La tasa de asistencia de los jóvenes de 12 a 16 años pasó de 84,5% en 2019 a 80,8% en 2020. Recién en 2024 la proporción que se dedicaba exclusivamente a estudiar superó el nivel de 2019: 69,5% frente a 68,8%.
Pero volver a las aulas no significa recuperar lo perdido. La asistencia puede recuperarse mucho antes que los aprendizajes. El cierre prolongado dejó una deuda educativa que no se salda simplemente abriendo nuevamente las puertas de las escuelas. Si no se recuperan las competencias básicas, las pérdidas de una cohorte pueden proyectarse durante años sobre sus estudios posteriores y, finalmente, sobre su vida laboral.
La pandemia tampoco explica todo. En numerosos países de la OCDE los resultados vienen deteriorándose desde antes de la covid-19. La caída de los aprendizajes es, por tanto, también parte de un fenómeno más amplio que obliga a mirar qué está ocurriendo dentro y fuera de las aulas. Uno de los factores que preocupa a los especialistas es el tiempo creciente que los adolescentes pasan en las redes sociales.

Evaluación de resultados de pruebas PISA en el Perú 2009-2025
Según la ENAHO, en el segundo trimestre de 2026, 92,1% de los adolescentes de 12 a 17 años utilizaba Internet, frente a 75% en 2019. El 89,2% accedía mediante un celular. El problema no es que lean menos: pasan muchas horas leyendo. El problema es qué leen y cómo lo hacen. Mensajes breves y fragmentados difícilmente entrenan la capacidad de seguir un argumento, comprender conceptos, captar matices y concentrarse en un texto complejo.
Esto no significa declarar la guerra a los celulares, las tabletas o la inteligencia artificial. Pueden ser excelentes herramientas educativas. La cuestión es para qué y cómo se utilizan. La escuela necesita enseñar a utilizarlas, no simplemente prohibirlas o incorporarlas sin propósito pedagógico.
Ante los malos resultados, el debate suele concentrarse en infraestructura, materiales y profesores. Todo ello importa, pero no basta. También hay que preguntarse qué se enseña, cómo se enseña y cómo se recuperan los aprendizajes perdidos. Y hacerlo considerando la diversidad cultural y lingüística del país.
El Estado ha aumentado los recursos destinados a la educación pública, pero los resultados han empeorado. El problema, por tanto, no es solo cuánto gastamos, sino qué obtenemos con ese gasto. Más recursos no garantizan mejores aprendizajes si no mejoran los procesos educativos. Persisten brechas importantes en infraestructura, calidad docente y adaptación de la enseñanza a los distintos contextos del país.
También necesitamos mirar las experiencias locales que funcionan y preguntarnos cuáles pueden ampliarse. Y recuperar una política coherente de evaluación y meritocracia docente. Si un profesor no supera las competencias pedagógicas mínimas, permitirle continuar como si nada hubiera ocurrido transmite un mensaje difícil de conciliar con la cultura de esfuerzo que queremos inculcar a los alumnos.
Las competencias adquiridas en la escuela son la base para seguir aprendiendo, adaptarse a nuevas tecnologías y sostener la productividad en un país que se acerca al fin del bono demográfico. Sin trabajadores capaces de aprender durante toda su vida, el crecimiento de la productividad se vuelve más difícil y los sistemas de protección social enfrentarán mayores presiones.
En un país que en las próximas décadas tendrá cada vez menos trabajadores por adulto mayor, la calidad de la educación deja de ser solo un asunto social: es también un asunto económico. Una población activa más pequeña tendrá que sostener una economía más productiva. Y esa productividad dependerá, en buena medida, de las capacidades que los jóvenes estén adquiriendo hoy en la escuela.
Parafraseando a The Economist, quizá sea hora de que quienes diseñan nuestras políticas educativas se pongan a estudiar.

En 2025 los resultados en lectura y matemáticas son peores que en 2022 e incluso por debajo de sus ya bajos niveles pre pandemia de 2018.

La política de lucha contra la pobreza debe aprender de las salidas exitosas y potenciarlas, creando las condiciones para que una mejora inicial se convierta en una salida sostenible.

"No existe un solo informal: la informalidad es múltiple, responde a realidades distintas y requiere políticas diferenciadas"

"Los programas sociales y las políticas públicas deben adaptarse a una nueva realidad: una pobreza cada vez más urbana y una amplia población vulnerable"

"Las brechas de ingresos responden principalmente a desigualdades de oportunidades, antes del mercado laboral, y menos a la discriminación salarial"