
La inseguridad ciudadana ha desbordado al Estado y actúa con indolencia frente a una población que cada día se siente más vulnerable y desprotegida. Hoy nuestra sociedad está atrapada en una combinación letal: la cultura combi y la pandemia del cupo.
La primera refleja la informalidad que penetra —desde la economía y la gestión empresarial hasta la administración pública y las relaciones entre ciudadanos— y ha roto la institucionalidad, haciéndola añicos ante la mirada cómplice de las autoridades. A esta dinámica destructiva se ha sumado la pandemia del cupo, consecuencia directa de la extorsión, que se extiende desde las más altas esferas del gobierno hasta el ciudadano más humilde. En la cúpula, vemos a congresistas que “mocha sueldos”, malos magistrados que dictan sentencias a cambio de prebendas, o el cobro del diezmo que desvía las obras públicas. En la población, el cupo lo exigen los delincuentes a empresarios, a pequeños comerciantes de mercados, a transportistas y mototaxistas; incluso, hasta a quienes venden productos en los semáforos.
El extorsionador se ha convertido en un virus mortal, similar al covid-19: no sabemos dónde se oculta. Puede pertenecer a una banda criminal, ser un amigo cercano, un vecino o incluso un familiar. Por eso, no exagero al calificarlo como una pandemia criminal.
Para enfrentar con éxito esta pandemia, se requiere una inteligencia ultra profesional, con capacidad operativa y uso intensivo de la tecnología digital. Es imperativo reorganizar la Policía Nacional, seguir la ruta del dinero y de las comunicaciones telefónicas, establecer un ecosistema legal que permita juicios sumarios, y aislar en los penales a los delincuentes de alta peligrosidad.
Para implementar estas acciones se requiere de un líder con honestidad comprobada, que esté comprometido con la población, y responda exclusivamente a los intereses de la nación.

La "pandemia del cupo" afecta a todos, desde funcionarios corruptos hasta ciudadanos comunes, convirtiendo a los extorsionadores en un virus mortal presente en todos los sectores.

La falta de políticas preventivas deja a la población vulnerable ante posibles desastres naturales y el incremento del precio del combustible agrava la situación económica, generando descontento social.

"En Perú es imperativo que se establezcan estándares ambientales y sociales que garanticen beneficios tanto para la ciudadanía como para los ecosistemas"

“Es urgente corregir este despropósito. Por respeto a nuestro máximo símbolo, dejemos de mezclar nuestra mediocridad con el acto cívico que realizamos como ciudadanos”

Para salir de este círculo vicioso se requiere fortalecer las instituciones y construir consensos básicos.