Coalición Americana contra los Cárteles y Escudo de las Américas: una iniciativa de contornos difusos, por Manuel Rodríguez Cuadros

La Coalición Americana contra los Cárteles (Departamento de Guerra) y el Escudo de las Américas (Departamento de Estado/Casa Blanca) son, en realidad, una misma iniciativa referida con dos nombres distintos. Su objetivo es establecer una alianza con países latinoamericanos dispuestos a cooperar con la política de Trump de combate a los cárteles y la criminalidad mediante medios principalmente militares.

Su origen se remonta a la Conferencia de las Américas contra los Cárteles (Doral, Florida, 4-5 de marzo de 2026), liderada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, con la participación de 17 países, a los que luego se sumó Chile. En esa ocasión se firmó una Declaración Conjunta de Seguridad que expresa la voluntad común de ampliar la cooperación en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo, la protección de infraestructuras críticas y la promoción de la "paz a través de la fuerza", además de constituir una coalición frente a amenazas extrahemisféricas.

La Declaración Conjunta, único instrumento multilateral de la iniciativa, no es un tratado ni un instrumento con obligaciones jurídicas, sino una declaración política que establece una coordinación de acciones, sin base institucional, órganos permanentes o temporales, secretaría ni reglas acordadas de ninguna naturaleza. Participan los países que son invitados por los Estados Unidos.

El Perú, al ser cosignatario, es miembro del mecanismo desde su constitución en marzo de 2026. La posterior solicitud de la presidenta peruana a Marco Rubio para que se aceptara al Perú en el Escudo de las Américas fue, en ese sentido, producto de un aparente error de información, que discretamente no fue objeto de comentario por parte del Departamento de Estado.

Dos días después de la conferencia de ministros de Defensa y Seguridad, el 7 de marzo, el presidente Donald Trump convocó en Doral, Miami, la Shield of the Americas Summit, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de doce países de la región, aunque con una composición distinta a la reunión ministerial precedente. El Perú no asistió a la cumbre, pese a haber suscrito dos días antes la Declaración Conjunta de la Coalición.

En su discurso, Trump presentó la reunión como el lanzamiento del más alto nivel de la nueva alianza militar destinada a combatir a los cárteles criminales. Trump instó expresamente a los gobiernos participantes a recurrir a sus propias fuerzas armadas y comparó la iniciativa con la coalición internacional creada para combatir al ISIS en Oriente Medio.

La cumbre no logró elaborar una declaración conjunta. En su lugar, el mismo día, Trump emitió la Proclamación Presidencial 11015, 'Commitment to Countering Cartel Criminal Activity', que reitera al más alto nivel la determinación de los Estados Unidos de movilizar sus fuerzas militares y las de los países asociados en la lucha contra los cárteles y el narcoterrorismo, y formaliza también la determinación de contener amenazas externas, incluidas las denominadas “influencias extranjeras malignas” provenientes de fuera del hemisferio.

La segunda reunión formal de la Coalición se realizó en Panamá el 11 y 12 de agosto, presidida por Peter Hegseth. El encuentro marcó un giro hacia la operacionalización: Hegseth planteó pasar de la coordinación política a operaciones concretas, teniendo como marco el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", de defensa hemisférica frente al narcoterrorismo y a "actores extranjeros malintencionados". Incursionando en lo político, instó a los países participantes a retirarse de la Corte Penal Internacional. Y sugirió como lema de la alianza “Hacemos cosas malas a gente mala”.

Existe una contradicción entre los ambiciosos objetivos de la Coalición o Escudo, como autorizar la presencia de tropas extranjeras en los territorios nacionales, y su naturaleza informal, sin ningún sustento institucional ni jurídico. La iniciativa se encuentra en un limbo político, institucional y jurídico. No constituye —hasta el momento— una estructura institucional formal, sino un mecanismo de reuniones político-diplomáticas y de defensa, sin que exista un mandato formal que autorice acciones conjuntas de carácter militar o policial. No posee una base jurídica que otorgue a sus decisiones o eventuales acciones operativas una dimensión vinculante para sus miembros.

Por otro lado, la breve historia de la iniciativa no registra acuerdos o negociaciones multilaterales entre los participantes destinados a establecer objetivos, procedimientos de decisión y un plan de acción mutuamente convenido que represente los intereses nacionales de todos sus integrantes. Se expresa más bien como una iniciativa de la política exterior norteamericana en función de sus propios intereses nacionales.

Estas realidades parecen encontrarse detrás de la distancia marcada por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, quien señaló que su país debía evaluar los alcances de su participación y afirmó: “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Posteriormente se conoció que Barros había suscrito el 12 de marzo la Declaración Conjunta. El Ministerio de Defensa chileno precisó que se trató de una declaración de intenciones y no de un acuerdo vinculante, diferenciando así la cooperación contra el narcotráfico de la asunción de compromisos militares u orientaciones estratégicas definidas por otro Estado.

Es cierto que cada uno de los países que participan en la iniciativa posee políticas y ámbitos de cooperación de evidente importancia con los Estados Unidos en materia militar, policial, de seguridad, inteligencia, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Pero, en cada caso, estas líneas de cooperación han sido negociadas y concertadas procurando armonizar los intereses de ambas partes. En la Coalición o Escudo se presenta una situación sui generis, en la que un país convoca y alinea a otros Estados en función de sus particulares intereses nacionales.

El asunto se torna más delicado cuando el secretario de Guerra conmina a los participantes a denunciar el Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional, exigiendo que renuncien a sus propios objetivos nacionales que los condujeron a integrarse a la Corte. Ello supone, en los hechos, un alineamiento con Washington en su política contra la estructura institucional de la Corte.

En ese mismo horizonte, las referencias de Hegseth y Trump a que el Escudo o la Coalición debe detener o combatir amenazas externas en la región introducen elementos de intervención en las decisiones soberanas de los países participantes sobre sus políticas exteriores.

Los Estados latinoamericanos poseen intereses nacionales propios, definidos por sus Estados, gobiernos y sociedades. La cooperación con los Estados Unidos, por amplia e importante que sea, no debería significar la sustitución de esos intereses por los de otra nación. Ningún Estado, por más poder que ejerza, puede aspirar a sustituir la voluntad soberana de otros Estados nacionales independientes. Esa es, finalmente, la cuestión que la Coalición Americana contra los Cárteles o Escudo de las Américas deberá esclarecer si pretende evolucionar desde una iniciativa política estadounidense hacia un mecanismo multilateral de cooperación hemisférica.