El gabinete de los escuderos, por Alvaro Gálvez Pasco

*Investigador Principal del Instituto de Estudios Peruanos

Para un sector, la llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno significaba la posibilidad de una gran ruptura con el último quinquenio y, con ella, el regreso de los técnicos al Estado. Esa expectativa se alimentó, sobre todo, en el tramo final de la campaña, con las constantes referencias al legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y con la presencia de Luis Carranza: exministro de Economía, protagonista del debate técnico y señalado como el gran favorito para el MEF o incluso para la PCM. Para sorpresa de muchos, lo que llegó fue un gabinete casi exclusivamente político. Sin Carranza, y en cambio, con varios ministros sin experiencia en los sectores que ahora conducen. Analicemos, entonces, no solo qué tipo de gabinete ha formado Keiko Fujimori, sino también qué administración pública recibe para gobernar.

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Es sabido que, durante el quinquenio anterior, la designación de puestos públicos no respondió a las capacidades o idoneidad de quienes los ocuparon, sino al patronazgo de los partidos que dominaron el Congreso, que se distribuyeron espacios en el Estado en proporción a los votos que podían aportar para contener la amenaza latente de una vacancia. Ese fue el terreno donde germinaron varias de las redes que se desplegaron en la administración pública y hoy reaparecen. Basta revisar las designaciones de los últimos días en la alta dirección del Estado, publicadas en El Peruano, para comprobar que las redes del último quinquenio se están reacomodando, más que desapareciendo, con el nuevo gabinete.

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Tampoco en el más alto nivel político puede hablarse de una ruptura definitiva. Ernesto Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de José Jerí, asume ahora el Ministerio de Justicia, mientras José Arista, extitular del MEF de Dina Boluarte, es hoy un cuadro de Fuerza Popular en el Congreso. Ambos dan cuenta de la participación fujimorista en la repartija del último quinquenio. Pero no es la única red que permanece. La de la Universidad de San Martín de Porres, históricamente vinculada al aprismo y que fue ganando protagonismo en el sistema de justicia durante esos años, consolida su presencia con el nombramiento de José Antonio Chang, rector de esa universidad y antiguo ministro de Educación de Alan García, quien regresa a la misma cartera. La otra red que creció durante el último lustro, y que todo indica que conservará espacios, es la de César Acuña, cuyo entramado tuvo una presencia importante en el sector Salud y alternó con Fuerza Popular posiciones en el MEF y, particularmente, en ProInversión. Si existe tanta continuidad, ¿qué distingue entonces a este gabinete de los que gobernaron durante los últimos cinco años?

El gabinete Galarreta es, ciertamente, un gabinete político, pero compuesto por un tipo particular de políticos. No son figuras que aporten nexos con otras bancadas parlamentarias, bases sociales, representación territorial o un electorado propio significativo. Entre sus integrantes aparecen, por ejemplo, excandidatos presidenciales como Carlos Espá y Rafael Belaúnde, quienes, pese a alcanzar cierta visibilidad durante la campaña, obtuvieron resultados electorales marginales. Algo similar puede decirse de Alberto Beingolea, expresidente del PPC, un partido histórico cuya presencia electoral se ha vuelto prácticamente irrelevante.

Fujimori ha incorporado, entonces, figuras ajenas a Fuerza Popular, pero esto no supone una ampliación sustantiva de su base política. Se trata más bien de una apertura conservadora hacia cuadros del mismo espectro ideológico. Su principal activo no está en aquello que representan electoralmente, sino en su oficio político: conocen las instituciones, tienen contactos en el sector privado, y manejo para encarar los medios y las distintas arenas en las que tendrán que defender las decisiones del gobierno.

Esa carencia de capital político ayuda también a explicar otro rasgo del gabinete: la incorporación de figuras anteriormente críticas de Keiko Fujimori, como Juan Sheput o Alberto Beingolea, que ante su intrascendencia política propia, han doblado la rodilla para convertirse en algunos de sus defensores más visibles. No llegan con votos suficientes para ensanchar la base política del fujimorismo, pero sí con oficio, exposición mediática y experiencia para dar la batalla pública. De hecho, uno de los contrastes más notorios de estos primeros días frente a los gabinetes del último quinquenio es la intensa presencia de los ministros en los medios de comunicación, aprovechando una todavía complaciente luna de miel. La apuesta, por tanto, no parece ser ampliar el círculo incorporando fuerzas con representación propia, sino ensancharlo de manera conservadora con políticos experimentados y dispuestos a defenderlo. Es el gabinete de los escuderos.

Si esperaban un Fujimorismo 2.0, el contraste con el gobierno de su padre puede resultar revelador. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 prácticamente sin partido, sin cuadros propios y sin una coalición organizada a la cual recompensar. A fin de cuentas, era un outsider. Esa debilidad política inicial le permitió, paradójicamente, incorporar tecnócratas relativamente independientes y construir un gobierno rupturista frente al establishment de entonces. Keiko llega en condiciones opuestas: después de 15 años construyendo un partido, acumulando operadores y formando un núcleo de confianza. Su primer gabinete no anuncia una ruptura con el establishment que recibe, sino una apuesta por administrarlo. Incluso cuando abre el círculo, lo hace hacia figuras políticamente cercanas y con escaso poder propio, que difícilmente amenazan los equilibrios internos del fujimorismo.

La persistencia de Keiko Fujimori le ha permitido construir lo que probablemente sea su principal fortaleza: un grupo político cohesionado y disciplinado que, en el último proceso electoral, demostró ser lo suficientemente amplio para llevarla finalmente a la Presidencia. Sin embargo, ya en el gobierno, esa misma fortaleza puede convertirse en su principal debilidad: puede también ponerle un techo a su capacidad de ampliar su legitimidad hacia otros sectores del electorado.