Resistencia y resiliencia constitucional: un reporte desde Bogotá

La semana pasada estuvimos en la Universidad Externado de Colombia, donde se desarrolló el XII Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Las noticias en Bogotá se parecían en algún sentido a las de Lima: ambiente postelectoral, denuncias de fraude —esta vez desde el oficialismo—, margen estrecho para el candidato del movimiento Defensores de la Patria, que se ha impuesto con promesas de “mano dura” contra el crimen y una “Primera Línea de Seguridad”, integrada por veteranos y reservistas del ejército. Hay matices, sin embargo, para los que no hay espacio en esta ocasión. El continuismo en el caso peruano y la izquierda que deja el poder a la derecha en Colombia bastan para advertir que las cosas son distintas. Pero Bogotá interesa ahora por otra razón: el congreso que celebra cada cuatro años la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

El certamen logró reunir a más de 2.500 participantes; de ellos, más de mil especialistas de todo el mundo: catedráticos, investigadores y jueces constitucionales de los cinco continentes, convocados bajo un lema: “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo que cambia”. Según los organizadores, “La sostenibilidad constitucional es un juego de palabras que pone de relieve una crisis del constitucionalismo, pero, al mismo tiempo, destaca cómo este puede mantenerse y cómo hacerlo resiliente y capaz de coexistir en ‘nuevos ecosistemas’”. En ese sentido, un foro de estas dimensiones funciona también como sismógrafo: permite identificar las líneas de investigación y la magnitud de los riesgos y desafíos del constitucionalismo global.

Basta mirar el programa. Las cuatro plenarias nos proyectan con claridad las prioridades. “Democracia: crecimiento, retroceso, reparación y reactivación”; “Estado de derecho: los jueces como defensores o ‘revisores’ del constitucionalismo”; los derechos humanos “en la realidad”, es decir, en su acceso e implementación efectiva; y “los deberes humanos frente a los actores privados”. Algunos de los rótulos de los paneles son, igualmente, síntomas de un tiempo crítico para el constitucionalismo: “prácticas legislativas abusivas”, “el poder judicial frente al populismo y el iliberalismo”, “libertad académica bajo presión” —con presencia de Wojciech Sadurski, constitucionalista polaco perseguido por denunciar el copamiento del Tribunal Constitucional y el desmontaje de los controles en su país—. En mi caso, formé parte del panel sobre “desconstitucionalización”, dedicado al análisis de las estrategias de desmantelamiento del constitucionalismo democrático: un patrón global con expresiones latinoamericanas dolorosamente reconocibles.

Pero el Congreso no se agotó en el inventario de riesgos. Buena parte de las mesas estuvo dedicada a las estrategias de resiliencia constitucional y a la revitalización de los sistemas democráticos: cómo mantener vivos los instrumentos del constitucionalismo liberal, el control del poder y la garantía de los derechos de los más vulnerables. Se debatieron los desafíos que plantea la inteligencia artificial y el emergente constitucionalismo digital. Más de un panel abordó la nueva división de poderes en un mundo digital y la necesidad de estrategias inéditas para proteger las libertades cuando incluso los Estados tienen escaso alcance frente a amenazas de dimensión global. El pluralismo, la diversidad y los riesgos del cambio climático completaron la agenda de un constitucionalismo capaz de reinventarse y resistir pese a los populismos imperantes.

Hubo también ensayos de futuro. Por primera vez, 100 constitucionalistas elegidos al azar deliberaron en un “mini-público” sobre la democracia como derecho humano. Se trató de un ensayo en el que la academia puso en práctica el ideal de una democracia deliberativa. También hubo arte e interpretación. La Jurisdicción Especial para la Paz y el Teatro Petra presentaron “Mantener el juicio”, que reúne a responsables y víctimas del conflicto armado bajo una pregunta incómoda: ¿puede el arte capturar lo que el lenguaje jurídico no alcanza?

La delegación peruana fue importante y se hizo notar en cada panel. Participamos, además, en un panel sobre los aspectos cruciales del constitucionalismo peruano. Los profesores César Landa, Elena Alvites y Heber Joel Campos presentaron un diagnóstico general, al que siguió un debate intenso, abierto, plural y, creo, inaplazable. Fue alentador ver el auditorio sin una butaca libre y a dos expresidentes del Tribunal Constitucional que, junto con otros dos miembros de la actual composición, participaron en el debate y elevaron la significación del encuentro. Fue inevitable abordar el papel del TC en el proceso de desmontaje del sistema de controles que hemos percibido en los últimos años. Con un talante democrático digno de resaltar, los dos magistrados participaron mostrando disposición al diálogo y vocación por abrir estos espacios; una conversación que luego se extendió, más distendida, hacia los espacios de confraternidad y amistad. Más de un asistente al coloquio admitió que necesitamos con urgencia este diálogo en nuestro país para fortalecer las instituciones y no persistir en este peligroso camino de deterioro de los últimos años.

¿Para qué sirve todo esto?, preguntará el escéptico, en un tiempo en que la guerra vuelve a ser lenguaje corriente y los discursos contra el pluralismo ganan elecciones de la mano de votantes confundidos por campañas de desinformación y miedo. El papel de la academia es modesto, pero para nada irrelevante: identificar los fenómenos de retroceso y denunciarlos es el primer acto de resistencia, y comparar experiencias permite reconocer el libreto autoritario antes de que se ejecute por completo. De Bogotá volvimos con una certeza: el Derecho Constitucional sigue resiliente y vivo para dar batalla por los controles al poder y la defensa de los más vulnerables en cada uno de nuestros países. También —y sobre todo— en el Perú de estos días.