La inhabilitación como arma política, por Marisa Glave

Cuando las reglas de juego básicas de un Estado de Derecho, particularmente las pautas mínimas del debido proceso, se trastocan o, peor aún, se reemplazan por las del más fuerte, entonces se pervierte la democracia y se evidencia el uso autoritario del poder.

En el Perú, la democracia se perdió. Incluso el Índice de Democracia de The Economist señala que tenemos un régimen híbrido. Durante varios años tuvimos la calificación de Democracia Deficiente, con problemas y limitaciones, pero democracia al fin y al cabo. Desde hace un par de años, esta medición global sostiene que ya no podemos calificar como deficiente el régimen, sino que ya no es propiamente una democracia, sino que presenta rasgos de un régimen autoritario.

Sin embargo, el índice no colocó en 2024 al Perú como Venezuela o Nicaragua, con un régimen autoritario. Pero el 2025 ha sido un año cargado de medidas arbitrarias que colocarán al país más cerca del autoritarismo en este y otros índices globales.

Esto es así por la manera en la que se viene usando el poder desde el actual Congreso que, sin contrapeso real en el Ejecutivo y con instituciones clave subyugadas, como el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia, ejerce el poder de manera arbitraria y en base a intereses subalternos.

Parte del uso arbitrario del poder tiene que ver con la manera en que se aplica la capacidad sancionadora del Congreso. Lejos de tomar decisiones basadas en la razón y la reflexión, se está usando el conteo de votos como fachada para aparentar legitimidad en medidas a todas luces basadas en la venganza política.

A esta práctica se suma el caso de Mirtha Vásquez, recientemente anunciada candidata al Senado por el partido Ahora Nación, a quien la Comisión Permanente busca sentenciar el próximo lunes.

Una denuncia malintencionada

La acusación parece improvisada, una especie de colección de posibles infracciones para ver si por alguna se logra el objetivo de sancionar a la exparlamentaria. Por ejemplo, se le acusa de esparcir el COVID-19 por repartir vales de consumo a las y los trabajadores cuando era presidenta del Congreso. Acusación bastante absurda que, además, no se acompaña de ningún tipo de prueba, porque evidentemente no la hay.

También se añade una acusación de elevación de sueldo a trabajadores “de su entorno”. Esta acusación supuestamente se sustenta en una resolución de ascenso de 9 trabajadores del Congreso, con más de 20 años de contratación. Solo el dato de la temporalidad de los trabajadores desbarata el argumento de aumento salarial para allegados. Pero, además, la propia Vásquez dejó sin efecto esa resolución pocos días después, lo que rescinde cualquier cambio en el estatus de esos trabajadores. La Contraloría General de la República ha revisado este caso y ha emitido un informe señalando que no hay elemento alguno que amerite control. Es decir, están buscando tres pies al gato.

Entonces, ¿de dónde viene esta acusación?

De Merino a Moyano

Para empezar, la denuncia no es reciente. Se presentó en 2021, cuando acababa el tiempo congresal del Parlamento elegido en el llamado interregno, el que reemplazó al que fue cerrado por Vizcarra. Recordarán quienes leen esta columna que ese Congreso fue el que lo vacó y pretendió colocar a Merino en la presidencia.

La crisis política que se abrió en ese momento fue tal que, incluso con la pandemia encima, cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas salimos a las calles a exigir que se deponga el régimen de Merino. Mirtha Vásquez jugó un rol central y fue quien terminó presidiendo el Congreso, dando un respiro a Francisco Sagasti, que asumió la presidencia de la República de manera transitoria para asegurar elecciones limpias.

Vásquez aseguró mínimos de gobernabilidad en un parlamento convulso. Eso parece ser el fondo de esta acusación que, por si no se han enterado, la hizo el propio Merino.

Tan poco trascendente era la acusación que quedó “dormida” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, ¿qué la ha revivido? Pues el proceso electoral.

En julio de este año, a tres meses de convocadas las elecciones, la subcomisión decidió votar un informe, esta vez preparado por la congresista Moyano, de Fuerza Popular, que recomienda inhabilitar a Vásquez por 10 años. Pero no pasó inmediatamente a la Comisión Permanente. Quedó inmovilizado casi 5 meses, hasta que Vásquez confirmó que sí será candidata al Senado Nacional, invitada por el partido Ahora Nación.

La exparlamentaria y exministra ha tomado conocimiento de la fecha de la votación por redes sociales. No ha sido notificada ni a su correo personal ni a su domicilio, lo que añade una raya más a lo arbitrario de la pretensión de inhabilitación que, como ya le quedará claro a quienes leen, se usa como arma electoral.

¿Quiénes votarán esa inhabilitación?

Si la Comisión Permanente aprueba el lunes el informe Moyano, el pleno del Congreso debe votarlo y se requieren dos tercios del número hábil de congresistas para la inhabilitación. Pero quienes voten tendrán un problema adicional de conflicto de intereses, pues 88 parlamentarios buscan la reelección, lo que vuelve a Vásquez, sin ningún tipo de duda, una adversaria directa en la contienda electoral en curso.

Vásquez no solo es una adversaria electoral, es una que les resulta muy incómoda, a la que prefieren callar. Siempre ha estado del lado de la gente y de la democracia, enfrentando a grandes intereses y sus lobbies. Lo hizo como abogada de líderes ambientales, como Máxima Acuña; como parlamentaria y presidenta del Congreso en la última transición; y también como ministra, cargo al que renunció denunciando malos manejos.