A río revuelto…, por Marisa Glave

Una vez más, la articulación de fuerzas que gobiernan el país, desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ha decidido ponerse de espaldas a los problemas de inseguridad, hacerse de la vista gorda ante el avance de las economías ilegales y seguir con el status quo minero ilegal. Lo hacen, además, usando como fachada el crecimiento desordenado de la minería informal y su supuesta voluntad de “formalizarla”.

Hace más de 20 años tenemos una política fallida de formalización minera. Casi abandonada por el Gobierno Nacional, en 2002 se entregó como competencia descentralizada a gobiernos regionales que no tenían ni las capacidades ni el presupuesto para hacer frente a la realidad de la expansión minera informal. Tratada como un tema menor, porque no significaba fuente de rentas como la gran minería, con el desprecio que caracteriza a funcionarios limeños que la vieron como una rama más de la cada vez más informalizada economía de subsistencia, la actividad minera informal creció, se consolidó y en muchos territorios adoptó formas abiertamente criminales.

Durante el gobierno de García, en 2010 y 2011, se señala la “urgencia” de ordenar la minería informal en Madre de Dios –ya era evidente hace 15 años que era un problema serio– y se aprueba la primera política de formalización. Humala, en 2014, crea un proceso excepcional de formalización y lleva adelante los primeros intentos de decomiso y clausura de áreas de minería abiertamente ilegal. El proceso no prospera, el peso de esta economía criminal se empezaba a sentir en el país.

En 2016, con PPK, se crea oficialmente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), nuevamente como mecanismo temporal y excepcional. Desde su creación se ha extendido el plazo de vigencia siete veces y este jueves, el Parlamento, con 59 votos, aprobó en primera votación una nueva ampliación. Queda la formalidad de la segunda votación, que todos sabemos que se hará, lo más probable dentro del tiempo de la Comisión Permanente, para evitar “contaminar” a muchos parlamentarios con esta decisión.

Pero más allá de los votos individuales, habrá que recordar que Somos Perú –partido del presidente encargado–, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Honor y Democracia, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Bancada Socialista votaron a favor en la Comisión de Energía y Minas. A ellos se sumó Perú Libre en el pleno. El REINFO, de aprobarse la segunda votación, tendría vigencia hasta diciembre de 2026.

Tres fenómenos: informal, ilegal y criminal

Como queda claro, si desde 2002 hablamos de procesos de formalización, con política aprobada desde 2010 y con proceso excepcional desde 2014, el Estado no tiene idea de cómo abordar el problema. Cuando hay poca certeza y mucha improvisación, digamos que, como un río revuelto, los que ganan son los que viven cómodamente en esa ambigüedad. Quienes han logrado cubrir su acción propiamente ilegal, peor aún criminal, en el manto de la “informalidad”.

Lo primero que habría que saber es que estamos ante fenómenos diferentes, pero que se conectan por condiciones similares. Paulo Vilca y Aldo Santos han ensayado una caracterización que puede servir. La minería informal se desarrolla en territorios donde se otorgan concesiones mineras y no han culminado el proceso de formalización porque les falta algún requisito, como tener acuerdo con los dueños de las concesiones. Acá se ubican, por ejemplo, mineros de Apurímac o del sur de Ayacucho.

La minería ilegal se realiza en territorios donde simplemente está prohibida la explotación minera de cualquier tipo, como cauces de ríos en Amazonía o en zonas de reserva natural; acá están mineros que usan dragas de ríos. Este sector tiene vínculos y muchas veces deviene en minería propiamente criminal, pues la extracción de mineral está controlada por organizaciones delictivas que hegemonizan áreas donde se venía desarrollando minería ilegal, muchas veces financiadas por el narcotráfico. Las zonas señaladas por los autores como características de este tipo de minería son Pataz en La Libertad, La Pampa en Madre de Dios y la ampliación de minería en el río Nanay en Loreto.

Tratarlas como un solo fenómeno es un error, y grave. Eso es exactamente lo que está haciendo el Estado peruano controlado por el grupo de poder instalado en el Congreso.

Una ampliación que solo nos paraliza

La minería informal, que se desarrolla en áreas donde sí puede haber minería, puede ser formalizada, pero no con la ampliación de una política que claramente no funciona. Se requiere un cambio drástico, incluso de la propia política minera nacional, pues se requiere una revisión integral de la política nacional de concesiones mineras, así como de los mecanismos que mantienen vigentes esas concesiones pese a no estar explotadas.

Pero la minería ilegal y, sobre todo, la abiertamente criminal están ganando terreno porque han logrado camuflarse. No son siquiera mencionadas. Se requiere una política que combine estrategias sociales con policiales. Quienes son financiados por el narcotráfico, operados por organizaciones delictivas y extraen minerales en cauces de ríos en Amazonía no son parte del llamado proceso de “formalización”. No tendrían cómo cumplir con los requisitos. Son simplemente ocultados en el debate y eso es justamente lo que buscan: seguir operando invisibles.

Hay territorios dentro del país donde no hay control alguno del Estado. Que estamos perdiendo. No en una guerra con un país vecino, sino ante la consolidación de economías ilegales que buscarán, este 2026, poner en el sillón presidencial y, sobre todo, en los curules de diputados y senadores a sus operadores. Nos toca estar alertas y hacerles frente. En estas elecciones nos jugamos, de muchas maneras, el futuro del país.