Gobierno debe dar presupuesto a fiscalías ambientales
No hacerlo involucraría complicidad con las economías ilegales que depredan los ecosistemas en el territorio peruano.
Los principales problemas que hoy laceran el medio ambiente y, con él, a las comunidades que dependen de él para vivir con dignidad, se han vuelto más complejos. La deforestación acelerada en la Amazonía y el avance impune de la minería y tala ilegales configuran un escenario en el que la degradación ecológica se convierte, simultáneamente, en degradación social.
En lugar de enfrentar esta crisis con visión de Estado, una comisión del Congreso decidió ampliar nuevamente el Reinfo, ese padrón provisional que nació como excepción y terminó convertido en coartada.
La ampliación, aprobada sin debate técnico y sin consideración mínima de los impactos socioambientales, consolida un mensaje inquietante. Con esa votación, el Parlamento elige mirar hacia otro lado, desentendiéndose de las externalidades devastadoras que este tipo de decisiones alimenta.
No sorprende, entonces, que esta actitud sea coherente con una visión mercantilista del territorio que concibe la naturaleza como un stock disponible para ser usada sin límites.
Esta lógica promueve un Estado que abdica de su deber de proteger el bien común y se pliega a las presiones de intereses de corto plazo.
Mientras tanto, en el Ministerio Público ocurre desde hace meses un deterioro preocupante. La crisis institucional ha debilitado su capacidad de acción y, en ese contexto, las fiscalías especializadas, entre ellas, las ambientales, han sido blanco de ataques, recortes y desatención presupuestal.
Estas unidades, esenciales para perseguir delitos complejos que dañan bosques, cuencas, reservas y poblaciones vulnerables, sobreviven con recursos exiguos, personal insuficiente y una creciente presión política. La paradoja es evidente: se multiplican los crímenes ambientales, pero se asfixia a quienes tienen el mandato legal de investigarlos.
Por ello, el Gobierno tiene la obligación de dotar de presupuesto, estabilidad y respaldo político a las fiscalías ambientales. Se trata de proteger el derecho de todos los peruanos a un ambiente sano, de frenar la expansión de economías ilícitas que socavan la gobernabilidad y de evitar que el país siga hipotecando su futuro ecológico y humano.
Sin un Ministerio Público robusto y especializado, cualquier discurso sobre sostenibilidad será vacío.