
La juventud peruana ha retornado a las calles como un signo de conciencia frente a la descomposición moral del poder. Lo hace con lucidez cívica, como los que en diferentes momentos de la historia han interpelado a lo que era considerado injusto. Nuevamente, se trata de la exigencia de decencia, justicia y futuro. Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 64% de la ciudadanía respalda las movilizaciones de la generación Z contra el Gobierno y el Congreso.
El régimen de la coalición parlamentaria, que tiene hoy como ejecutor de los mandatos a José Jerí, ha optado por la displicencia autoritaria. En lugar de atender el clamor de una generación precarizada, han decidido blindarse con represión en contra de la ciudadanía. Por ello, se entiende que el Ejecutivo proponga elevar el presupuesto destinado al control de las protestas, mientras el presidente del Congreso acusa de “terroristas” a los jóvenes que exigen oportunidades para sus proyectos de vida. No les importa. Ese gesto, torpe y desmesurado, revela la profunda incomodidad del poder ante la vitalidad de una ciudadanía que se niega a aceptar la degradación como destino.
La muerte del artista Eduardo Ruiz, conocido como Trvko, durante las movilizaciones de octubre, recuerda que la violencia estatal continúa siendo una herida abierta en la conciencia republicana. Así como lo son los más de 50 muertos a comienzos del gobierno del régimen, bajo la administración de la otrora mandataria Dina Boluarte. En el primer caso, más del 60% de los peruanos percibe que la Policía Nacional incurrió en excesos. Es una inversión ética del poder que profundiza buena parte de la crisis de legitimidad que atraviesa nuestra democracia.
La protesta de la generación Z es legítima porque encarna el principio republicano del control ciudadano sobre el poder. Es una manifestación que, a la vez, es una afirmación más pura.
En ese sentido, tildar de terrorismo la indignación ciudadana, asimismo, es un acto de cobardía. Frente a ese cinismo, la generación Z recuerda que la democracia se defiende desde la calle, y también las urnas.
Seguir negando la legitimidad de su protesta es negar la realidad. En sus voces resuena el deseo de refundar la república sobre los pilares de la justicia, la dignidad y la verdad. En sus marchas hay promesa y como decía el historiador peruano Jorge Basadre: la materialización de un Perú que, pese a todo, y a pesar de ser problema, también es posibilidad.

El gobierno de Keiko Fujimori firmó el decreto que dejó sin fondos a la FAP para combatir incendios forestales.

El senador Astocuri cruzó al lado del oficialismo sin mandato de su bancada y contra la voluntad de sus electores.

Quien dobla las normas desde el poder sabe que su mayor adversario no es la oposición, sino una ciudadanía que aprendió a pensar.

Fuerza y Renovación Popular tuercen las normas cada vez que tienen a los intérpretes de su lado; que no lo logre del todo es mérito de quienes resisten y la razón por la que los atacan.

El acercamiento del gobierno peruano al chavismo dice más sobre las convicciones democráticas de Fujimorismo que todos sus años de discurso antichavista.