Hay que redoblar el combate a la trata de personas
Se ha registrado un nuevo récord de casos en lo que va del 2025.
La trata de personas constituye hoy una de las expresiones más abyectas del crimen organizado en el Perú. Este fenómeno no es otra cosa que la cosificación del ser humano. La forma se da a partir de la captura, el traslado y la explotación de mujeres y niños, muchos de ellos migrantes, reducidos a meros instrumentos de lucro en redes de explotación sexual y laboral.
Las cifras deberían estremecer al país. Entre enero y julio de este año, las fiscalías especializadas registraron 1.503 víctimas, con mayor incidencia en Lima metropolitana, Puno, Arequipa y Piura. Además, se identifican preliminarmente focos de este delito en Tumbes, Madre de Dios, Loreto y Cusco. En pocas palabras, se trata de un problema público que se está agravando.
Lo más alarmante es la sofisticación de los mecanismos de captación. Según un informe de La República, los delincuentes manipulan la confianza en entornos virtuales. A través de publicaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea, ofrecen empleos ilusorios, romances inexistentes o ayudas solidarias que se desvanecen apenas la víctima cae en la trampa.
De acuerdo con un documento preparado por la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, mujeres y niñas peruanas, venezolanas y bolivianas son trasladadas a enclaves de minería y tala ilegal, donde son explotadas sexualmente. Por otro lado, advierte cómo el turismo sexual de menores, alimentado por visitantes extranjeros en Cusco, Lima y la Amazonía, sigue en aumento.
Ante semejante realidad, la respuesta estatal resulta paupérrima. La dispersión normativa y la ausencia de una política integral contrastan con la magnitud del problema. La lentitud judicial y la corrupción en ciertos sectores terminan por configurar un cuadro de permisividad que raya en la complicidad.
La trata de personas es la negación absoluta de la condición humana. El papa Francisco la llamaba la explotación del siglo XXI. Combatirla exige recursos sostenidos y, sobre todo, un compromiso político que priorice su erradicación.