Todavía podemos perder mucho más, por Rosa María Palacios

El compromiso de Dina Boluarte con las Fuerzas Armadas, que la sostienen en el poder, y su propia situación penal marcan un camino sin retorno. El último año de su mandato se concentrará en limpiar su salida del poder. Con este Tribunal Constitucional ya tiene la garantía de no ser investigada en los meses que quedan, pero hay algunas áreas que no puede controlar. En concreto, el Ministerio Público, la Corte Suprema y el sistema interamericano de derechos humanos. No es poca cosa para un país donde la separación de poderes es el fundamento constitucional del Estado. Hay una esperanza si el orden jurídico tiene garantías de predictibilidad e imparcialidad. Son esas garantías las que hacen posible afirmar que las víctimas de los crímenes de este gobierno encontrarán, algún día, justicia.

El problema es que el pacto de gobierno sí controla de forma concurrente varias esferas del poder y se alinea en torno a intereses comunes. En pocos meses van a cambiar de motivo. Ya no será durar, sino prevalecer en un proceso electoral cuyo resultado debe garantizar otros cinco años de impunidad. Hoy, Ejecutivo, Congreso, Defensoría, Contraloría, JNJ y TC responden a una sola voluntad: el mercantilismo autoritario. Es decir, el reparto de beneficios entre sus miembros como política pública. Ejemplos hay de sobra.

Sin embargo, las entidades que están resistiendo son institucionalmente débiles y han sufrido de corrupción endémica. El Ministerio Público vive los días del regreso de los “Cuellos Blancos” que, al santo y seña de “hermanito”, todo lo pueden archivar o todo lo pueden endurecer. En paralelo, procesos mal planteados y una arrogancia jurídica digna de mejor causa pueden traer abajo los procesos Lava Jato respecto a donaciones de campaña, como se advirtió tantas veces. La Corte Suprema ha pecado en estos años por omisión, negándose muchas veces a poner orden en una judicatura contradictoria y caótica. Lo lamentable es que ese sistema de justicia (con todos sus vicios y carencias) es lo único que nos queda como última línea de defensa de la democracia. Una línea vulnerable por donde se mire.

Las próximas elecciones deberían ser un alivio en una democracia menguada, calificada como “régimen híbrido”. Sin embargo, la conducta del JNE en los casos de Martín Vizcarra y Duberlí Rodríguez, con sanciones draconianas, oscurece el panorama mientras que los candidatos del régimen violan la ley electoral haciendo propaganda política con recursos del Estado a vista de todos y sin consecuencia alguna. La esperanza compite con dureza con la realidad y temo que va perdiendo.

Para miles de americanos, cuando toda aspiración de justicia estuvo perdida, una luz brilló. Esa esperanza lejana se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha convertido, en los últimos 30 años, en el azote de los gobiernos autoritarios. Su marco legal, el Pacto de San José, es una Constitución en derechos humanos para todos los Estados americanos que, desde 1968, la han venido ratificando. América Latina, saliendo de horrorosas dictaduras militares en los ochenta, encontró en estas normas, pensadas en la defensa de los derechos que nos reconocen como personas, una guía y una esperanza democrática.

El Estado peruano, que ha hecho del abuso su costumbre, fue llevado muchas veces a responder por sus atropellos y, salvo una vez, ha perdido siempre. No porque sea una corte “extranjera”, “ideologizada”, “terrorista”, sino por una razón mucho más sencilla que cualquier peruano ha experimentado: en el Perú, el Estado abusa y cuando menos límites tiene, abusa a su máxima potencia. La Corte ha defendido desde el derecho a la vida hasta el derecho a la negociación colectiva, siendo los casos laborales la mayoría. El camino para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy largo. Puede pasar una o dos décadas entre el hecho que se denuncia y una resolución. Sólo se llega ahí cuando todo está perdido para quien busca justicia.

A pesar de todo lo vivido, que debió formar mucho mejor a las Fuerzas Armadas y Policiales en el respeto a la vida y a sus propias normas sobre términos de enfrentamiento, volvieron a disparar contra población civil en los meses de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, asesinando a 50 personas por protestar contra este gobierno. Personas que tenían derecho, si es que cometían un delito en flagrancia, a ser detenidas, procesadas y condenadas. Esa mínima garantía del Estado de Derecho se les arrebató para siempre por órdenes de Dina Boluarte y sus ministros. Los generales que se negaron a disparar contra la población con Merino, gustosos lo hicieron con Boluarte. Ella ahora tiene que pagar el favor.

¿Cómo se desmantela la última línea de defensa democrática? Por pedazos, pero con urgencia. El control de la Junta Nacional de Justicia es un paso importante, pero es el Congreso, a través de acusaciones constitucionales, el que va a lograr cambiar la correlación de fuerzas en la junta de fiscales supremos. Eso se viene pronto. En la impredecible Corte Suprema las cosas son más complicadas porque los intereses son menos explícitos, pero algunos condecorados por la presidenta lo recordarán cuando corresponda.

Lo que es más sencillo de eliminar del tablero es la justicia supranacional. Denunciar el Pacto de San José requiere de la voluntad de la presidenta y de un Consejo de Ministros tan lambiscón que puede organizar la defensa del hermano presidencial imputado por tráfico de influencias (son tan torpes, que con el despliegue ya lo probaron). Luego, 66 votos del Congreso, cosa fácil si Keiko ya antes se lo pedía a su “mototaxi”. De ahí, esperar un año y estamos fuera. Todo lo que entre a la jurisdicción de la corte antes de ese momento es de obligatorio cumplimiento para el Estado, que mantendrá por muchos años sus obligaciones pasadas, pero no generará futuras. Las leyes de amnistía y prescripción jamás serán aplicadas, así el Congreso se dedique a amedrentar jueces, pero, hacia el futuro, no tendremos protección alguna.

Con fiscales a su medida, el pacto garantiza el archivamiento de todos sus procesos. No hay juez que pueda ordenar una acusación fiscal. Si cierras la otra punta de la madeja, eliminando la corte supranacional (a la que el Perú soberanamente se adhiere, como dice nuestra Constitución) tienes impunidad garantizada. Esa que Dina necesita para sí y para sus cómplices. Ella gana, todo el Perú pierde. Eso, también viene.