La irresponsabilidad fiscal del régimen

No es sorpresa para los peruanos que, en los últimos años, las instituciones hayan sido cooptadas a través del cogobierno de facto Dina y Nicanor Boluarte por la coalición parlamentaria autoritaria. Una de las pocas que aún ofrecía un margen de resistencia era el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), históricamente reconocido por preservar la disciplina fiscal incluso en medio de tormentas políticas desde el retorno a la democracia a inicios de siglo.

Sin embargo, esa coraza parece haberse resquebrajado. No es la primera vez que el Consejo Fiscal advierte al MEF sobre los riesgos de proyectar un crecimiento económico mayor al real y de diseñar presupuestos sobre la base de ese optimismo artificial. Para el 2026, el Consejo ha señalado que la proyección de 3,2 % del PBI es “excesivamente optimista” en un contexto global incierto.

Además, el año electoral es también un factor poco considerado. Muchos peruanos vienen denunciando cómo en diversas localidades se incrementa las presiones de gasto público en obras no prioritarias.

Como se ha advertido en La República, el presupuesto aprobado para 2026 asciende a S/ 257 562 millones. Ello supone un incremento de 2,2% más, es decir, S/ 5 760 millones respecto al año anterior.

El aumento podría parecer prudente en términos relativos. Pero esconde una lógica de seguir expandiendo el gasto cuando los ingresos fiscales no crecen al mismo ritmo. Una lógica ya vivida en la historia económica del país y que es muy peligrosa.

El Parlamento, por su parte, ha demostrado ser un cómplice entusiasta de esta deriva. Su irresponsabilidad fiscal también se refleja en esas partidas que privilegian intereses clientelares, antes que un uso eficiente y sostenible del dinero de todos los peruanos. Sin mencionar la inconstitucional prerrogativa de gasto que se han otorgado, yendo incluso contra las proyecciones del Banco Central de Reserva.

De esa manera, lejos de actuar como contrapeso, se ha convertido en un acelerador del desorden fiscal.

Así, el país se encamina a una senda en la que la estabilidad macroeconómica, construida con décadas de esfuerzo, puede desmoronarse por el cortoplacismo de un régimen que saquea.

La responsabilidad fiscal es la garantía mínima de un Estado al servicio de sus ciudadanos y no de sus gobernantes. Cuando se abandona esa disciplina, lo que se erosiona no es solo la macroeconomía: es la confianza democrática que sostiene a la República.