Los “resentidos sociales” de Miraflores, por René Gastelumendi

La intención de construir una pequeña caseta de serenazgo en el Parque Leoncio Prado en Miraflores termina siendo una lección magistral de sociología urbana, demostrando que conceptos como la licencia social, consulta previa, protesta social, no son exclusivos de los conflictos en nuestra sierra, sino que también pueden manifestarse en el corazón de la capital. La deliciosa ironía, en este caso, no es solo un detalle literario; es el motor de toda la reflexión que propongo luego de haber visto, durante los últimos días, señorones y señoronas del icónico Miraflores tratando de hacer valer sus derechos frente a un alcalde autoritario.

La primera gran paradoja reside en el tipo de gestión que, a menudo, resuena en un electorado que proviene de uno de los distritos con los mejores índices socioeconómicos de todo el Perú. Allí donde un alcalde que actúa con decisión, que impone el "orden y progreso" y que evita los largos procesos de consulta, puede ser considerado un líder eficaz. El discurso de la mano dura contra la inseguridad es muy seductor. Sin embargo, este conflicto miraflorino demuestra que la fascinación por el autoritarismo dura hasta que la autoridad decide imponer algo que afecta tu propio patio trasero o al de los tuyos.

Cuando a inicios de la semana que acaba de pasar, la municipalidad de Miraflores cercó un pedazo de parque para construir una caseta sin un diálogo previo ni una consulta clara, el discurso de la "mano dura" eficiente se transformó en un acto de abuso de poder. Y así, los vecinos de uno de los distritos más pudientes del país se vieron en la necesidad de recurrir a la protesta social, la misma herramienta que utilizan las comunidades andinas cuando legítimamente y no azuzados por intereses oscuros, se oponen a un proyecto minero o a una represa dentro de su territorio. Importante diferencia con las posturas “antimineras” per sé, que se aprovechan de la desigualdad, pero que, no obstante la distinción, no los exime de los estigmas.

El segundo paralelismo, y quizás el que más disloca, es la forma en que el conflicto desnuda las asimetrías sociales en el Perú. En la sierra, las comunidades que se levantan en defensa de sus tierras y su agua son a menudo tildadas de "antidesarrollo", "rojas", “antimineros” o, en el peor de los casos, "terrucos". Esta estigmatización busca deslegitimar sus protestas y justificar la represión, desviando el foco de sus legítimas demandas, cuando estas existen y nos manipulados por posiciones políticas. Lo que suele suceder es que el problema deja de ser la contaminación o la falta de consulta, y se plantea como un supuesto problema de subversión.

En Miraflores, la historia se cuenta de manera distinta. A los vecinos del Parque Leoncio Prado nadie los ha acusado de terroristas o de "rojos". Sus protestas son cubiertas por los medios con seriedad y empatía, empezando porque no los llaman “pobladores” sino vecinos. La opinión pública puede entender y respaldar su reclamo, porque su perfil socioeconómico los protege del tipo de señalamiento que enfrentan quienes habitan la sierra o la Amazonia y no la “Lima tradicional”. El acto de defender sus derechos puede ser el mismo, pero la percepción cambia radicalmente según la procedencia, el origen y hasta el aspecto de sus protagonistas.

Este aleccionador conflicto miraflorino, aparentemente pequeño, nos deja lecciones fundamentales sobre la gobernabilidad y la protesta social en el Perú:

-La licencia social no tiene código postal: No es un concepto exclusivo de los proyectos extractivos, carreteras, etc. Un gobierno, sea local o nacional, necesita la confianza y el consentimiento de su comunidad para tomar decisiones, sin importar el proyecto o el distrito, salvo en los casos de seguridad nacional.

-La protesta no es un asunto de clase o ideologíade izquierda o de derecha, fachos, caviares, etc: El malestar social por la falta de diálogo, la opacidad y el irrespeto a las normas de convivencia es un detonante que puede movilizar tanto a un vecino de Ancash contra una mina o a un vecino de Miraflores contra una caseta de seguridad.

-La estigmatización es un arma de doble filo: El uso de etiquetas como "terruco" o "rojo", “ignorantes”, “electarados”, “resentidos sociales”, para deslegitimar las protestas en el interior demuestra un sesgo de clase y, también racial, por supuesto, que se hace evidente cuando las mismas dinámicas de poder se manifiestan en un distrito de élite. Vale decir, cuando los pobladores pasan a ser vecinos de acuerdo con la perspectiva de quienes cuentan los hechos.

La historia del Parque Leoncio Prado no es solo una anécdota de la “Lima de Ribeyro”; es un espejo que nos muestra cómo los principios de la democracia y la justicia se aplican de manera desigual en el Perú. Es una prueba de que, al final, y esto es lo más importante, a mi entender, la indignación por el abuso de poder puede unir a ciudadanos de cualquier estrato social, obligando a todos a reflexionar sobre lo que significa realmente ser escuchado y respetado en un país. Y ahora que se vienen las elecciones, también una profunda reflexión sobre lo que significa “mano dura”, esa “mano dura” que si te encuentra en el momento equivocado y en el lugar equivocado, puede alcanzarte a ti y a los tuyos y no habrá vuelta atrás.