Mensaje presidencial y política exterior, por Óscar Vidarte Arévalo

El mensaje de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias ha generado fuertes críticas por tratarse de un discurso engañoso, desconectado de la realidad del país y carente de claridad respecto a las grandes políticas que el Perú necesita para avanzar en la senda del desarrollo. En materia de política exterior, la situación no es distinta.

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La presidenta ha afirmado que ha logrado reafirmar la imagen del Perú, defender la institucionalidad democrática y fortalecer las relaciones exteriores del país —con especial énfasis en los vínculos con los países vecinos—. Sin embargo, ello no se ajusta del todo a la realidad. Como resultado de la crisis política de los últimos años, el Perú es percibido internacionalmente con una profunda desconfianza, y lamentablemente el actual gobierno no ha logrado revertir esa imagen. Aunque el Perú no se encuentra aislado, la inestabilidad y el descrédito dificultan seriamente el desarrollo de una política exterior efectiva.

En ese contexto, el gobierno ha sido objeto de una serie de cuestionamientos por parte de la prensa internacional, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y diversos gobiernos, tanto por las muertes ocurridas durante las protestas como por decisiones que han puesto en entredicho su verdadero compromiso con los valores democráticos.

Su reciente defensa de la llamada Ley de Amnistía, así como su rechazo al supuesto "intervencionismo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son señales de un débil respeto por el Estado de derecho y por las obligaciones internacionales del país. No es casualidad que, desde el año 2022, el Perú haya sido clasificado como un régimen híbrido en el Democracy Index de The Economist, con un progresivo deterioro en su calificación.

Asimismo, la posición del Perú en rankings internacionales como el de Libertad de Prensa (RSF), Percepción de la Corrupción (TI), Índice Global del Hambre, Índice Global de Criminalidad Organizada o el Índice de Gini se ha mantenido estancada o ha empeorado durante el actual gobierno, erosionando el prestigio internacional del país.

En cuanto a las relaciones vecinales, probablemente atravesamos uno de los peores momentos de las últimas décadas. Salvo Ecuador —cuyo gobierno tiene incluso peores credenciales democráticas que el nuestro—, los vínculos con el resto de países vecinos son débiles: relaciones distantes con Chile y Brasil, y vínculos reducidos al nivel de encargados de negocios con Colombia y Bolivia.

Calificar, además, a un país vecino como “Estado fallido” no solo es un acto inamistoso y carente de diplomacia, sino también una muestra de desconocimiento sobre el significado técnico y político de dicho término.