Profesor Principal y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la PUCP. Doctor en Ciencia Política y...
El interés del gobierno por promover un espacio de debate en la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de la figura del asilo diplomático se ha chocado contra una realidad: la mayoría de países parecen no tener interés por modificar una institución de tanta importancia en la región. Es más, países como México, Brasil, Colombia y Uruguay se mostraron críticos de lo señalado por el canciller peruano.
El único país que expresó un apoyo claro a la propuesta peruana fue Ecuador. Ciertamente, el respaldo de un gobierno que ha violado el derecho de asilo, ingresando ilegalmente en la embajada de México en Quito el año pasado, no suma a la causa peruana. Ello, y las declaraciones del presidente José Jerí, explica por qué los países que tomaron la palabra en la OEA mostraron su preocupación por defender la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, algo que no fue planteado por el Perú. Además, resulta extraño que países “cercanos” al Perú, como Argentina y Panamá, no hayan mostrado algún tipo de apoyo.
Y es que la propuesta peruana de crear un procedimiento previo obligatorio que obligue al país que concede el asilo a solicitar información antes de tomar una decisión, con el objetivo de, supuestamente, impulsar una evaluación objetiva, debilita la figura del asilo.
Por ejemplo, el año pasado Argentina brindó asilo a seis opositores del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se imaginan al gobierno argentino solicitándole información a Venezuela acerca de estas personas antes de darles asilo? No solo habría puesto en alerta al régimen chavista, sino que es muy probable que el gobierno venezolano se hubiese demorado todo lo que fuese necesario, impidiéndole a Argentina otorgar el asilo. Por eso, de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, el asilo se otorga en condiciones de urgencia y el salvoconducto de manera inmediata.
La figura del asilo no es perfecta; cada caso es distinto. Pero promover cambios a partir de situaciones particulares no parece ser el mejor camino. Incluso, cualquier modificación que se pudiese lograr al tratado no es retroactiva. Lamentablemente, para la política exterior peruana, promover un debate con tan poco apoyo debilita el posicionamiento internacional del Perú y solo pareciera que busca dilatar el cumplimiento del derecho internacional, nos guste o no.

Profesor Principal y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la PUCP. Doctor en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP y Magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Cuenta con estudios de postgrado en Seguridad Internacional por la Universidad de Delaware (Estados Unidos). Sus últimos libros han sido “Perú, Bolivia y Chile en el siglo XXI. Hacia un enfoque trinacional de política exterior” (2023) y "La guerra en Ucrania. Consideraciones políticas, económicas e históricas en un orden internacional en transición” (2024).