El escándalo de la semana estalla con el nuevo sueldo de Dina Boluarte: S/ 35,568, más del doble del monto vigente desde 2017. ¿Es justo que un presidente gane bien? Claro, pero que una mandataria con aprobación en caída libre se atreva a semejante aumento es un insulto a la ciudadanía que dice representar.

Esta provocación llega en el peor momento: el país arde con conflictos sociales. De acuerdo a prensa regional y local, hay puntos de bloqueo en Arequipa, Ayacucho, Ica, Cusco (Chumbivilcas) y Trujillo (Pataz). En Lima, mineros informales acampan en la Av. Abancay desde hace días, como ya lo hicieron por más de un mes en diciembre de 2024.

En Arequipa, un ataque a pedradas contra una comitiva oficial —donde, según se dijo inicialmente, estaba la propia Boluarte— expone nuevamente la fragilidad del gobierno. Aunque el Ejecutivo lo niegue, no es menor que ministros sean blanco de agresiones. ¿Dónde está la Policía Nacional (PNP) que debería protegerlos? Según IDL-Radio, el Consejo de Ministros revisó un informe del Ministerio del Interior sobre la seguridad de las autoridades en sus giras al interior. Recordemos que la PNP fue clave en la detención de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Pero, ¿no se reporta antes de visitas oficiales que existen riesgos de ataques de población enardecida?

Como señala Dargent (2013), Lima sigue ignorando a las regiones, relegadas física, económica y simbólicamente. Los bloqueos y protestas no son solo caos: son también un grito por ser escuchados y no solo durante “mesas de diálogo”. Sin embargo, con un Estado debilitado, atrapado entre la corrupción de sus funcionarios y actores que operan en los márgenes de la legalidad, ¿puede realmente atender estas demandas? Hablar de gobernabilidad, ley o rendición de cuentas suena a utopía.

En este contexto, el aumento del sueldo presidencial no es solo un mal cálculo: es una burla. Dina Boluarte, cada vez más aislada, tensa la cuerda con quienes aún la sostienen. ¿Hasta cuándo?

Eliana Carlín 04-07

El sueldazo de Dina: una bofetada a un país en llamas, por Eliana Carlin

Las protestas y bloqueos en Arequipa, Ayacucho, Ica, Cusco y Trujillo reflejan el descontento hacia el gobierno.

azo de Dina: una bofetada a un país en llamas, por Eliana Carlin hnews

La República

La situación precaria de nuestras instituciones suele mencionarse en diversos análisis. La erosión del equilibrio y la institucionalidad viene desde tantos frentes que resulta difícil hacer una sistematización que nos brinde un cuadro completo. Esta semana tenemos dos reportes que documentan nuestra situación. En primer lugar, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que concluye que existen medidas legislativas que promueven el avance del crimen organizado en el país. Esto, además, en un contexto donde un número significativo de legisladores tiene asuntos pendientes con la ley.

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2025/07/10/el-pacto-corrupto-y-la-toma-del-estado-por-diego-garciasayan-hnews-971120">El Pacto Corrupto y la toma del Estado, por Diego García-Sayán</a></blockquote>

El preocupante incremento de homicidios y extorsiones es consecuencia del debilitamiento del marco legal que investiga, persigue y sanciona estos crímenes. El informe de HRW señala que, desde el Parlamento, se ha buscado influir en la independencia y la capacidad de jueces y fiscales para hacer su trabajo. Asimismo, se han debilitado los mecanismos de colaboración eficaz, con las consecuencias que esto acarrea en la lucha contra las organizaciones criminales. El informe indica que se han planteado trabas para los allanamientos y se han excluido delitos de corrupción de la tipificación. Además, se describe la destitución cuestionable de jueces y fiscales con importantes investigaciones sobre corrupción a su cargo. La receta perfecta para convertirnos en tierra de nadie.

Pero nuestras crisis no terminan en las instituciones. En segundo lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), recogida en 2024, donde se reporta que el 17 % de mujeres de 18 años en adelante señala haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. En el caso de niños y niñas entre 9 y 11 años, se informa que el 34 % sufre violencia física y/o psicológica en el hogar, mientras que el 43,7 % reporta sufrir violencia en el entorno escolar.

Finalmente, quizás lo más preocupante es que, a nivel nacional, el 75,7 % de hombres y mujeres de 18 años o más tolera algún tipo de violencia contra las mujeres. En el caso de la violencia sexual específicamente, la tolerancia reportada alcanza un escalofriante 69,7 %, y una de las afirmaciones con mayor aceptación es: “Si una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable por lo que pasó”. Estas cifras deben llamarnos a la acción inmediata, aunque sepamos que los cambios en estos temas toman largo tiempo. La inacción no debe ser una opción.

Eliana Carlín

Nuestra debacle documentada, por Eliana Carlín

De un tiempo a esta parte, el Perú no está en crisis, sino que es la crisis. El episodio de la exfiscal de la Nación, destituida de su cargo, entrando a empujones a las oficinas del piso 9 del edificio del Ministerio Público, ha sido un intento de golpe contra la democracia que hemos visto en vivo.

La flagrancia del delito de usurpación de funciones cuestiona, además, el rol de la Policía Nacional acompañando la escena. ¿Qué sigue? Pues lo que está haciendo la facción “coalicionada” de la política local: plantear una equidistancia en el “enfrentamiento entre dos bandos”, que requiere una reforma total del MP-FN, y, por tanto, la salida de Delia Espinoza de su puesto. No es esa la situación: no hay equidistancia y lo que se requiere es firmeza contra un ataque flagrante al Estado de derecho.

La discusión sobre la calidad de la democracia en el país, o de la posibilidad de calificarnos como tal, tuvo un pico tras las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, desde entonces, solo se ha producido un franco deterioro. Sumemos a la situación descrita en el párrafo anterior el autoritarismo de coalición que se vive entre el Ejecutivo y la mayoría congresal. ¿Se puede hablar de separación real de poderes cuando el grueso del Congreso no representa, y el Ejecutivo se arrodilla a sus intereses, todos alejados del bien común?

Acá un listado rápido de normas que nacieron en el Congreso, sirven a intereses dudosos y que el Ejecutivo promulgó, debiendo significar un freno/contrapeso a la iniciativa de legislar al servicio de delincuentes. Comenzamos con la llamada “Ley Soto” (Ley 32104), que reduce a un año la suspensión del plazo de prescripción penal, lo cual permite liberar a investigados por delitos graves, incluyendo corrupción y crimen organizado.

En segundo lugar, la Ley 32130 permite a los acusados apelar la resolución que inicia el juicio oral, añadiendo pasos procesales que retrasan juicios complejos. Luego, la Ley 31990, que establece un plazo máximo de ocho meses (con posibles extensiones) para corroborar información proporcionada por colaboradores eficaces, quienes confiesan delitos a cambio de beneficios legales.

Y, finalmente, la Ley 32126 (Ley Anti-ONG), que restringe la capacidad de las ONG para brindar apoyo legal a víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente a poblaciones vulnerables como pueblos indígenas y víctimas de abusos policiales.

No hay espacio para hacer un listado exhaustivo, pero podemos sumar leyes que modifican la extinción de dominio y leyes que permiten a la PNP actuar sin intervención de la Fiscalía. Regresando al doctor Francisco Durand, esta es una forma de captura del Estado que tal vez no es nueva en el fondo, pero sí en la forma: en la alianza perversa que elimina los balances democráticos para servir a intereses privados y, esta vez, incluso criminales.

Autoritarismo de coalición y otros males, por Eliana Carlín

Las razones por las que Dina Boluarte debe ser vacada son muchas y de diversa índole. El motivo más humano son los 49 asesinados en manos de represión policial sobre la cual se implantó su régimen a sangre y fuego. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para una moción de vacancia para las fuerzas co-gobernantes que se encuentran desde dentro y fuera del Congreso. Esta semana, sin embargo, se alzaron múltiples voces que reclaman la necesidad de una vacancia, por nada menos que traición a la patria. ¿Y cómo de un momento a otro se volvió traidora a la patria la doña de los Rolex?

En un viaje a Niza (Francia) autorizado por los partidos políticos aliados de Boluarte, la presidenta firmó el llamado “Tratado de Altamar”, cuyo nombre oficial es” Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales”.

Ciertos gremios empresariales, fuertemente ideologizados con una agenda en contra del desarrollo sostenible, se manifestaron furibundamente en contra de este tratado sosteniendo varias mentiras. En primer lugar, el dichoso Tratado no afecta la soberanía nacional en tanto las 200 millas se encuentran inafectas. En segundo lugar, tampoco genera obligación alguna al Perú en relación a la CONVEMAR.

Entonces, ¿por qué tanto griterío? ¿Han venido algunas empresas realizando actividades extractivas en altamar frente a nuestras cosas? Pues este compromiso internacional permitiría conservar los recursos naturales de dichas áreas. Recursos que, como sabemos, son finitos y la depredación sin límites no lleva a nada bueno a esta casa de todos que es el planeta tierra.

¿Cómo es que la firma de este instrumento internacional sí es motivo de vacancia presidencial y el asesinato de medio centenar de compatriotas no lo es? ¿Qué significa para los gremios que firman el “patriótico” comunicado traicionar a la patria?, ¿cuál es la patria que les genera dolor? Estas preguntas requerirían una reflexión de dimensiones enciclopédicas y la discusión quedaría inconclusa.

El recurso patriotero es risible a estas alturas. La discusión sobre la nación, las naciones y las fracturas que presenta nuestra sociedad deben ponerse sobre la mesa de cara al proceso electoral de 2026, por lo menos para asumir la deshumanización de tantos compatriotas desde los espacios de poder tradicional. Son discusiones sin las cuales no será posible avanzar.

Las élites empresariales y congresales toleraron la represión porque garantizaba la continuidad del modelo extractivista que les beneficia, pero rechazan un tratado que perciben como una amenaza a sus privilegios en los recursos marinos. La “traición” no está en la firma de Boluarte, sino en un sistema que mide la moralidad de sus líderes según su utilidad para el poder

¿Traición a cuál patria?, por Eliana Carlín

De acuerdo a la definición de CEPLAN (2024, p.8), el Índice de Capacidad Estatal (ICE) “es una medida que expresa el nivel de habilidades organizacionales y de gestión que tienen las organizaciones estatales para la entrega de servicios públicos dirigidos a la población que habita el territorio”. La última publicación sobre ICE de CEPLAN evalúa servicios entre los años 2015 y 2023. Esta evaluación se realiza por región y toma en cuenta indicadores de salud, de educación, vivienda, y seguridad. Como todo índice, es una evaluación informativa, pero que sin duda no captura la enorme complejidad de los servicios estatales en su totalidad.

Revisemos de forma gruesa las áreas consideradas en este índice. Si hablamos de salud, tanto el Ministerio de Salud como Essalud se encuentran fuertemente politizados, dejando de lado la meritocracia en el nombramiento de directivos de ambas instituciones copadas por Alianza para el Progreso (APP), parte de la coalición gobernante. En este marco, los pacientes de enfermedades raras y huérfanas claman por la compra de medicamentos para atender sus padecimientos, la espera para exámenes, citas y cirugía se estira cada vez más. En el caso del MINSA, el pésimo funcionamiento de DIGEMID ha tenido como consecuencia sueros contaminados que han cobrado 7 vidas, mientras hay denuncias de irregularidades en los exámenes del SERUMS.

Pasando a hablar de educación, las Direcciones del MINEDU fenecen sin presupuesto mientras el sindicato de la institución denunció que los ascensores no funcionan, generándose colas larguísimas para entrar, salir y retirarse a almorzar. Esto no es nada si consideramos la denuncia de Contraloría respecto a la existencia de 147 docentes con títulos falsos en la UGEL Ventanilla, los más de 500 casos de violencia sexual de docentes contra estudiantes en Condorcanqui y claro, como cereza del helado la denuncia constitucional contra el señor Morgan Quero por llamar ratas a las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen que él ayudó a imponer y que ahora sirve tan indignamente.

Si hablamos de vivienda, el déficit habitacional del país no se ha movido en este gobierno. Pero si hablamos de transporte e infraestructura no hay solo estancamiento, sino supuestos avances que nos alejan del futuro. Estamos viviendo la mediocridad en la “entrega” del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que reporta retrasos, pasajeros atrapados, déficit de combustible para los aviones e inundación de oficinas.

Finalmente, si hablamos de seguridad, tenemos medidas que fracasaron estrepitosamente como los estados de emergencia. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Lima, el 85% de la población se siente insegura y el 27.5% de personas mayores de 15 años han sido víctimas de robo en la capital. Tomando en cuenta todo esto, es muy probable que cualquier evaluación concreta que se realice, incluyendo el ICE, presente una caída significativa durante este periodo presidencial. Consideremos, además, que la inseguridad detiene el crecimiento económico, y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima esto podría tener como consecuencia la caída de 11 millones de personas debajo de la línea de pobreza, lo cual representa al 31,8% de la población.

¿Es acaso lo que ocurre responsabilidad exclusiva de Dina Boluarte y su mediocre gobierno?, ¿no es acaso esta situación causa de factores estructurales? De hecho, la responsabilidad recae principalmente en la mediocridad con la que se manejan las instituciones, a factores de agencia y al contexto político que afrontamos. Estos tres elementos son responsabilidad absoluta de los actuales gobernantes. Las instituciones se ven debilitadas al colocar cuadros anti-técnicos que priorizan las prebendas y las consultorías por encima del bienestar general, y tienen de la mano al Congreso de la República para movilizar las normas para debilitar la institucionalidad o directamente favorecer al crimen y la informalidad. Quienes encabezan las instituciones no tienen ningún peso específico y desde Palacio de Gobierno se les valora por su calidad de adulones. En cuanto al contexto político, una presidenta con virtualmente 0% de aprobación, que se asentó en la gestión sentada sobre 50 cadáveres, no representa precisamente un espacio de estabilidad política.

En un momento en que una mirada general del gobierno revela la debacle estatal, el gobierno de Dina Boluarte no solo fracasa en salud, educación, vivienda y seguridad, sino que perfecciona el arte de la mediocridad. Con instituciones copadas por leales sin mérito, un Congreso que legisla para el caos y una presidenta sin legitimidad, el Perú se hunde en un pantano de inseguridad y pobreza. ¿Responsabilidad estructural? Sí, pero la ineptitud y el oportunismo de este régimen son un ácido que carcome el Estado, y no era necesario esperar a las palabras del exministro Luis Miguel Castilla para saberlo, pero al parecer sí hacían falta para convencer a un grupo de tecnócratas particularmente pacientes con Boluarte y compañía.

Hoy, los profesionales y servidores públicos debemos garantizar elecciones transparentes, fortaleciendo instituciones con meritocracia y neutralidad. Su rol es clave para legitimar el proceso y así restaurar la confianza ciudadana. Un nuevo momento fraudista nos podría llevar a rutas intransitables.

Registrate en nuestro boletin

El sueldazo de Dina: una bofetada a un país en llamas, por Eliana Carlin

Las protestas y bloqueos en Arequipa, Ayacucho, Ica, Cusco y Trujillo reflejan el descontento hacia el gobierno.

Al Quinto Día

Más columnas

Nuestra debacle documentada, por Eliana Carlín

Eliana Carlín

El sueldazo de Dina: una bofetada a un país en llamas, por Eliana Carlin

Eliana Carlín

Autoritarismo de coalición y otros males, por Eliana Carlín

Eliana Carlín

¿Traición a cuál patria?, por Eliana Carlín

Eliana Carlín

Las fuerzas corrosivas, por Eliana Carlín

Eliana Carlín