Una bofetada al Perú

En medio del clima económico y social precario para más del 60% de los peruanos, el gobierno ha decidido premiar a la presidenta con un aumento salarial con 35568 soles mensuales. Más del doble de lo que ganaba. Más de lo que gana cualquier mandatario de la región a excepción de Uruguay -con diferencias notables en institucionalidad y desarrollo.  Y más de lo que el Perú, moral y económicamente, puede tolerar.

En ese sentido, el incremento de sueldo de Dina Boluarte no es solo una medida impopular, sino una agresión directa al sentido común, a la dignidad ciudadana y a la memoria reciente de un país que todavía cuenta a sus muertos.

Sin desparpajo, la decisión fue aprobada por decreto supremo, en contra de más de 90% de peruanos que desaprueban la medida.

Este chorreo fue inicialmente negado por miembros del gabinete. Luego, ante la presión mediática y el rechazo abrumador —94% de desaprobación según Datum—, los ministros salieron a justificar el despropósito con tecnicismos vergonzantes, como si un informe de SERVIR antiguo pudiera borrar el insulto de fondo.

Se trata de un aumento a la presidenta con mayor desaprobación ciudadana del mundo, con apenas 3% de apoyo popular. Un récord que, en lugar de invitar a una mínima prudencia, ha desatado una escalada de privilegios desde Palacio.

Y es por eso que el silencio de Boluarte es elocuente. Una presidenta que ya no gobierna, que ya no habla, que ya no representa, pero que aún firma. Y cuando firma, se cuida primero.

Esta disposición arbitraria y deshonesta se suma a una cadena de actos que configuran la imagen de una administración que, más que gobernar, liquida lo que queda del poder estatal en clave de caja chica personal o de despedida anticipada. Porque es muy probable que Dina Boluarte no llegará al final del periodo presidencial. Y parece saberlo. Por eso el aumento de sueldo grosero y ofensivo, una manera de saquear lo que se pueda antes de la probable caída.

El Congreso, por su parte, juega el rol que ha venido desempeñando desde que permitió su ascenso al poder: ser un aliado instrumental.

Este mismo Parlamento ha blindado a la presidenta del caso Rolex, ignorando presuntos indicios de enriquecimiento ilícito y uso indebido de poder. A cambio, ha recibido de Boluarte un gobierno obediente, dispuesto a firmar lo que se le ponga delante con tal de mantenerse a flote.

El aumento salarial es, por tanto, la consagración del cinismo en el poder. Mientras millones de peruanos viven con sueldos mínimos que no alcanzan para cubrir una canasta básica, la mandataria se garantiza una retribución que no refleja ni eficiencia, ni transparencia, ni legitimidad.

Lo que queda, a estas alturas, es memoria. Que no se olvide que, cuando el país más necesitaba liderazgo y decencia, una presidenta sin pueblo decidió doblarse el sueldo, y un Congreso prefirió guardar silencio y seguir saqueando el Estado.