El Perú a media máquina, por Eliana Carlín

El primer día del 2026, el Perú despierta con sangre en Pataz. Un violento enfrentamiento —o presunto asalto a una bocamina, según las versiones que circulan— dejó al menos tres mineros artesanales muertos al interior de un socavón en la localidad de Vijus, la víspera de Año Nuevo. La Policía Nacional confirmó inicialmente tres cuerpos recuperados. La tragedia ocurrió pese al estado de emergencia vigente en la provincia, con presencia de un comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía, y toque de queda nocturno. El alcalde Mariño se reunió con el presidente José Jerí en octubre pasado, donde supuestamente se acordaron medidas reforzadas de seguridad; claramente, esa reunión resultó inútil ante la persistencia de las bandas criminales.

Pataz, epicentro histórico de la minería aurífera, sigue siendo territorio disputado por organizaciones delictivas que controlan socavones, extorsionan, cometen sicariatos y sabotean instalaciones de empresas formales como La Poderosa. Las economías ilegales —minería informal coludida con crimen organizado— inician el año electoral con una escalada de violencia que no parece casual cuando se acercan las urnas y el oro sigue siendo un botín codiciado.

El día previo, en vísperas de Año Nuevo, se publicó el Decreto de Urgencia 010-2025, que inicia la reorganización patrimonial de PetroPerú: división en uno o más bloques patrimoniales, ingreso posible de capital privado mediante procesos conducidos por ProInversión, transferencia de activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara y derogación de barreras legales que impedían tales operaciones. El decreto, emitido por el gobierno de transición de José Jerí, diagnostica una crisis profunda —pérdidas acumuladas, insolvencia técnica, saldo de caja mínimo y deudas críticas— y faculta mecanismos como fideicomisos para atraer inversión externa, además de autorizar reducciones de personal y transferencias financieras por cientos de millones de soles. Esto “descuartiza” la empresa y abre la puerta a una privatización encubierta, sin debate debido ni consulta amplia. Un gobierno de transición lanza esta medida radical que no ejecutará plenamente este Ejecutivo, pero sí marca el terreno para la campaña: los recursos energéticos del Estado, vitales para la seguridad nacional y el abastecimiento en regiones remotas donde PetroPerú domina el mercado, se convierten en eje polarizante. ¿Quién defenderá la soberanía petrolera y una empresa estatal fortalecida, versus quienes impulsan la eficiencia mediante iniciativa privada? Esta pregunta no es un juicio de valor sobre el desempeño histórico de PetroPerú —marcado por controversias, rescates fiscales y críticas por ineficiencia—, pero pretende poner luz sobre los distintos temas respecto de los cuales las elecciones de 2026 funcionarán como un referéndum ideológico y práctico.

Mientras en Lima se discuten estos temas, en Condorcanqui, provincia awajún de Amazonas, todo sigue igual. Bertha, de 12 años, está de vacaciones. En su escuela no hay baños dignos ni agua potable. Duda si seguirá estudiando quinto grado, como miles de niñas en zonas rurales que abandonan clases por falta de higiene básica. El olvido estatal persiste: gane quien gane en 2026, para ellas el cambio no llega. El país no resiste más promesas huecas.