Las paradojas de las guerras intestinas, por César Azabache Caracciolo

Pedro Pablo Kuczynski, a la fecha con 86 años, tiene a cuestas una nueva orden judicial que le impide salir del país. En esta historia, que comenzó hace ya ocho años, Kuczynski protagoniza varias de las muchas paradojas asociadas a esa incapacidad que hemos aprendido y que nos impide poner punto final a las secuelas de los casos Odebrecht.

En estas líneas quiero detenerme en estas paradojas.

Llamaré a la primera “la paradoja de los culpables/inocentes”. Probablemente, Kuczynski deba ser considerado responsable por haber obtenido ventajas indirectas de su posición en el gobierno de Alejandro Toledo. Si promovió que su propia consultora y su socio sean incluidos en los principales proyectos financieros de la época y ganó dinero por eso, entonces su responsabilidad debe discutirse.  Pero las reglas que corresponden a esa historia son las del enriquecimiento ilícito.

La historia ya era antigua cuando Kuczynski llegó a la presidencia. Al comenzar su caso, en el 2017, perseguirle por haberse enriquecido podría haber resultado imposible por prescripción. Acaso por eso la fiscalía optó por invocar las reglas de un delito distinto, lavar activos, que se refiere a hacer algo diferente, a esconder fondos e inyectarlos luego a la economía escondiendo su origen. Y claro, como cambiar las normas cambia las metas de prueba, la fiscalía quedó atrapada: Si presentan la acusación con lo que tienen no llegan al estándar de un caso sobre lavado de activos: Kuczynski no parece haber escondido nada. El problema era el enriquecimiento.

En lugar de reconocer el error y dar parte al Congreso para que se discuta una posible inhabilitación, la fiscalía se concentró en buscar otros proyectos y otros contratos que permitan llevarlo ante la justicia por colusión o algo semejante. No ha logrado hacerlo y en el esfuerzo ha gastado ya ocho años.    

Llamaré a la segunda “la paradoja de las destrezas tardías”. La orden que mantuvo retenido a Kuczynski todo este tiempo se originó en ese primer caso. Sin una acusación hasta la fecha, sus restricciones han cumplido todos los plazos imaginables. Declarado esto, debió poder viajar como había planeado. Sin embargo, se le retuvo; primero por un retraso en el registro de impedimentos del aeropuerto, después por una nueva orden judicial solicitada y obtenida en tiempo récord por la fiscalía para radicarlo nuevamente en el país.

La noticia ha sido ampliamente comentada en medios. Y los comentarios registrados dejan en evidencia que el retraso en sus casos hace que nadie esté felicitando ahora al fiscal que logró retenerlo. En el balance, retenerlo con ocho años de investigaciones sin acusación se pinta como la exhibición de un abuso desproporcionado. Incluso para quienes reconocen que habría sido probable que Kuczynski simplemente no vuelva si tomaba ese avión.

El tiempo que ha tomado la fiscalía para organizar acusaciones que aún no están listas ha depreciado el valor institucional de los casos organizados en contra de Kuczynski. Eso explica que nadie esté celebrando la enorme velocidad con que se generó este último impedimento de salida.

Nuestras autoridades deben terminar de entender que demoras como las que se registran en casos como estos impactan sobre el valor asignado a la justicia. 

La última paradoja que encierra esta historia puede referirse “a las secuelas de las guerras intestinas”. Kuczynski llegó a la presidencia el 2016. Ese año se hizo añicos el acuerdo político que, establecido en tiempos de Valentín Paniagua, sostuvo los gobiernos de Toledo, García y Humala. La idea era que preservaríamos los fundamentos económicos de la Constitución de 1993 y mantendríamos la economía en manos de economistas, pero haríamos eso que Fujimori no hizo en la segunda mitad de los 90: desarrollar instituciones. Sobre el peso de ese acuerdo, Kuczynski terminó enfrentando en la segunda vuelta de las elecciones a una Keiko Fujimori que, al menos en teoría, representaba lo mismo que él en la forma de ver la economía.

Cuando todo estaba dispuesto para un quinquenio aparentemente fácil de manejar, ocurrió lo impensable: Kuczynski y Fujimori se trenzaron en una guerra intestina que quedó sellada con la censura a Jaime Saavedra, un ministro intachable que se estaba sosteniendo en el cargo por dos gobiernos. La caída de Saavedra se convirtió en el primer objetivo de la caprichosa demolición que inició la mayoría del Congreso en ese año. A partir de allí las batallas siguieron en constante sucesión: dos mociones de vacancia, una conspiración que partió al fujimorismo en dos y al final de la escena Keiko Fujimori en prisión y Kuczynski bajo arresto domiciliario.

Las revelaciones de Odebrecht, que comenzaron a publicarse en diciembre de 2016, aceleraron el estallido. El sistema colapsó cuando descubrimos que el discurso sobre la prioridad de la lucha anticorrupción iba acompañado de los sobornos pagados por Odebrecht, OAS y otras tantas más. La guerra intestina dejó a sus principales protagonistas atrapados entre los escombros que ella dejó. Y sobre ellos, tenemos el saqueo contra reformista que siguió a esa guerra.

Paradoja final. El país ha quedado estancado en los escombros de este saqueo contra reformista que siguió a la guerra entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Kuczynski está estancado en este país y la señora Fujimori en la persecución de una presa que le sigue siendo esquiva, la presidencia, o lo que parece ser lo mismo, el retorno a la residencia principal de la plaza mayor, la que ocupó ella siendo adolescente y ocupa ahora Boluarte.

Las guerras intestinas parecen ser incapaces de generar ganadores. Imposible hacer conquistas o anexiones en territorios interiores. Cuando se hace la guerra hacia adentro solo podemos causar demoliciones, ruinas; rehenes forzados a esperar que el saqueo agote su misión.