La amnistía propuesta por Montoya es un blindaje ilegal

Sin ningún tipo de rubor, la coalición de gobierno parlamentaria insiste en promover normas a favor de la impunidad en el país.

La Comisión de Constitución, liderada por el fujimorismo, pone en agenda un predictamen de una ley para conceder amnistía a quienes han abusado de su poder en nombre del Estado.

Es, ante todo, una ley con nombre propio. Su verdadero fin es beneficiar legalmente a aquellos agentes del Estado que fueron denunciados, investigados y procesados por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno, desde 1980 hasta el año 2000.

El promotor de la iniciativa legislativa es el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya. El proyecto de ley olvida a las víctimas. La aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de violación de derechos humanos hace ineficaz el  respeto a los derechos y libertades de toda persona.

Hace tan solo un año, su colega y miembro de la misma bancada Honor y Democracia, José Cueto, impulsó la promulgación de una norma que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, aunque en ese caso solo hasta el año 2002. Esta norma se aprobó en la Comisión Permanente, sin debate y sin acatar las observaciones de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

De acuerdo con los diferentes tratados que conforman el derecho internacional, la amnistía en casos de derechos humanos supone una renuncia del Estado a administrar justicia y, por tanto, implica una promoción de la impunidad al impedir que se investigue, juzgue y castigue a los responsables de graves crímenes.

Además, se impide a las víctimas a acceder a información y conocer qué pasó exactamente con sus seres queridos. Ellos también tienen derechos que el Estado debe proteger. De esta manera, el argumento humanitario que se utiliza para promover la ley, proteger a procesados mayores de 80 años, resulta vacío de derechos.

Lo mejor es propiciar que estos casos avancen con prontitud. Otorgar los recursos necesarios para que eso sea posible. Lo que se pretende solo constituye un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia en el país.