Minjus busca destruir las políticas de memoria en el Perú
Contra las recomendaciones técnicas de la ONU, el Gobierno de Dina Boluarte plantea dejar de buscar a los desaparecidos.
El Gobierno de Dina Boluarte aprobó una directiva que impone plazos administrativos para cerrar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, constituye una gravísima violación a los derechos humanos y a las políticas de memoria del Estado peruano.
A pesar de que en marzo pasado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió los peligros de esta normativa, el Ejecutivo decidió ignorarlos. Según los especialistas de DDHH, la imposición de límites temporales a un proceso humanitario lo único que logra es perpetuar la impunidad y desconocer el carácter continuo del crimen de desaparición forzada.
La nueva normativa establece etapas con plazos, por lo que, si no se encuentra información o restos en 18 meses, se procede a “cerrar” el caso con un informe técnico. Esto, en la práctica, abandona la naturaleza fundante de las políticas de búsqueda de desaparecidos: el Estado no puede claudicar en la búsqueda de sus ciudadanos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos (Renade), se han documentado más de 22.000 víctimas. A la fecha, el Estado peruano ha encontrado poco más de 3.400. Con esta nueva normativa, la búsqueda de las más de 19.000 personas restantes queda expuesta a ser archivada. Y los datos ya lo evidencian: mientras en los primeros cuatro meses del 2024 se registraron 142 sitios de entierro y se tomaron 333 muestras biológicas, en el mismo periodo de 2025, bajo la nueva gestión, solo se recogió información sobre 36 personas, sin registrar ni un solo sitio de entierro.
Se trata de una política de abandono disfrazada de eficiencia burocrática. Lo que está en juego no es la eficacia administrativa, sino el derecho de los familiares a saber qué pasó con sus seres queridos. Sustituir este derecho por un expediente cerrado es un acto de violencia institucional que perpetúa el olvido.
La búsqueda no puede ni debe tener fecha de vencimiento. El Estado tiene una obligación ética y legal de seguir buscando mientras exista un solo familiar que aún espera. El olvido nunca será justicia.