Ha habido una gran difusión en torno al asilo de la ex primera dama Nadine Heredia en el Brasil, con mucho énfasis en las implicancias jurídicas del tema y en el hecho que haya logrado escapar de la justicia peruana al amparo de una institución relativamente poco comprendida en el Perú.
Y lo curioso es que nuestro país fue protagonista de un hecho relativo a estos temas que tuvo un enorme impacto en el derecho internacional. Nos referimos al asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre quien, en los años cincuenta, estuvo asilado cinco años en la Embajada de Colombia durante el ochenio de Odría, hasta que el salvoconducto le fue concedido y salió del Perú con destino a México, previa intervención de la Corte Internacional de Justicia.
El asilo diplomático es una institución típicamente latinoamericana y se respeta. Hay un caso ahora que reviste gravedad referido a varios asilados venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas donde, si bien se mantiene el asilo, la dictadura de Nicolás Maduro no solo no otorga el salvoconducto sino que restringe el agua, la energía eléctrica y el acceso a una alimentación adecuada de los asilados, actos típicos de una dictadura violenta.
Algo aún más horrendo fue el que protagonizó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que dispuso el ingreso violento de la fuerza pública a la Embajada mexicana para sacar a un exvicepresidente ahí asilado. Esa tropelía provocó que México rompa relaciones con Ecuador y lleve el tema a la Corte de La Haya la cual, con seguridad, fallará a su favor.
Se ha traído a colación el caso del expresidente Alan García quien, habiendo obtenido refugio provisional en la Embajada del Uruguay, tuvo que abandonar esa sede luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez le negara el asilo diplomático, lo que siempre pensamos que iba a ocurrir por la lógica histórica del país oriental de mantener un bajo perfil internacional, lejos de situaciones costosas y problemáticas. Nicaragua o Panamá, por ejemplo, hubieran sido excelentes opciones.
Distinto fue el caso del primer asilo de García, en 1992, en la Embajada de Colombia, que fue ipso facto concedido por el gobierno de Cesar Gaviria y la dictadura de Fujimori le extendió el salvoconducto sin mayor trámite.
En el tema de Heredia, su amistad personal con el presidente del Brasil ha sido un factor clave para que el asilo le sea concedido velozmente lo cual, tal vez, había sido tratado con anticipación. Está claro que la ex primera dama no es una perseguida política y que la justicia ha actuado libremente pero, para el Perú, el país asilante es el que califica de acuerdo con la Constitución.
Y, ante los hechos consumados, el gobierno peruano ha otorgado el salvoconducto de inmediato. No hay más que discutir.