Plata o plomo, por Diego Pomareda
Nos toca como ciudadanía evidenciar la corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo y exigir respuestas efectivas a partir de la inteligencia policial y militar, rechazando cambios de nombres de ministerios, estados de emergencia que no han funcionado y el populismo punitivo recurrente.
En la serie ‘El patrón del mal’, hay un diálogo que refleja con precisión la situación que vive el Perú. Escobar, al ver una oportunidad política, le dice al ‘Cartel de Medellín’: “Tenemos la posibilidad de manejar al país a nuestro antojo, acomodarlo a nuestra medida. Vamos a poder manipular las leyes a nuestro favor; eso se llama poder absoluto”.
Esta escena se está repitiendo ahora en el Perú, donde el crimen organizado ha encontrado un entorno político propicio para avanzar en sus actividades ilícitas. Las decisiones gubernamentales y legislativas, ya sea por omisión o acción, han creado un terreno fértil para que estos grupos prosperen. Por ello resulta tan inverosímil que aquellos que son parte del problema se presenten como los que ofrecen las “soluciones”.
El problema de fondo es la gobernanza criminal. A nivel nacional y local, una mayoría de políticos se encuentra comprometida, influenciada o incluso subordinada a estos grupos delictivos. Mientras unos pocos se benefician con poder y financiamiento para sus campañas a cambio de otorgar impunidad a estas organizaciones, la gran mayoría de los ciudadanos somos los verdaderos perjudicados.
Entonces, ¿cómo podemos romper esta intersección entre política y crimen organizado? No votando por partidos ni candidatos con vínculos directos o indirectos con estas actividades, y preguntándonos: ¿qué partidos aprobaron leyes que benefician a las organizaciones criminales? ¿Qué bancadas facilitaron la minería ilegal? ¿Quiénes han dominado el Congreso en los últimos años sin hacer nada para detener esta situación?
Por el momento, nos toca como ciudadanía evidenciar la corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo y exigir respuestas efectivas a partir de la inteligencia policial y militar, rechazando cambios de nombres de ministerios, estados de emergencia que no han funcionado y el populismo punitivo recurrente. Lo cierto es que mientras los políticos se sientan más cerca de perder el poder efímero que tienen a raíz de las protestas, menos margen habrá para el avance de la criminalidad.
No obstante, si queremos arrancar este problema de raíz, debemos apostar por partidos políticos cuyo eje central sea la lucha contra el crimen organizado. Esto garantiza dos cosas: que no estén involucrados con esos grupos y que tengan la voluntad política de enfrentarlos. Asimismo, debemos votar por representantes con trayectorias limpias, alejadas de quienes nos mantienen en jaque, y que, día a día, nos imponen la amenaza de “plata o plomo”.
