A los 30 días del fraude de Nicolás Maduro, por Nancy Arellano

(*) Por Nancy Arellano, especialista en políticas públicas y presidenta de VeneActiva

EL artículo nº5 de la constitución de Venezuela reza “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio”. Sin embargo, el poder "oficial" está bajo el control de Nicolás Maduro, quien se mantiene gracias a un grupo que podemos describir como post-chavistas/maduristas. Estos post-chavistas pueden o no ser chavistas, pero es evidente que la mayoría no lo son. Son maduristas y, en muchos casos, antichavistas. Esta es una historia larga, pero aquí la resumimos. No los 30 días de asedio al ciudadano venezolano. Sino la serie de eventos que viabilizarían el autogolpe de Estado ejecutado no por la vía armada, sino por una combinación de CNE, TSJ y las policías políticas.

Desde su surgimiento hace 25 años, el chavismo ha sido un movimiento político de izquierda que se aglutinó en torno a la figura carismática de Hugo Chávez. A lo largo de este período han surgido tensiones internas que han llevado a que algunos partidarios del chavismo consideren que el madurismo, liderado hoy por Maduro Moros, representa una desviación significativa de los principios.

El "chavismo original" surgió como un movimiento de ideologías de izquierda que unió a gran parte de este espectro desde el 17 de diciembre de 1982, con la creación del MBR200.

La hegemonía del chavismo se consolidó con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2007, que trascendió el ámbito chavista y afectó la concepción misma del Estado, culminando en la propuesta de Reforma Constitucional ese mismo año. Esta sería la única elección que la oposición ganó contra Hugo Chávez.

En 2008, con la consulta para la Enmienda Constitucional, la campaña fue "no hay chavismo sin Chávez", promoviendo la reelección indefinida. Esto consolidó la partidización absoluta en el marco de la nueva geometría del poder que se afianzó con la promulgación de las leyes del Poder Popular en 2009.

Hugo Chávez murió en 2013 y el chavismo comenzó a decaer debido a la confrontación con los post-chavistas/maduristas. En el período 2010-2015, la Asamblea Nacional continuó dominada por el chavismo, aunque con una fuerte oposición. Antes de entregar el poder de la AN que resultase opositora en 2015, Cabello nombra a quienes asegurarían el control: magistrados y rectores en el TSJ y el CNE respectivamente. Con ello la erosión absoluta de la institucionalidad, entre 2017 y 2018 estaría garantizada.

Los maduristas lograron resurgir electoralmente entre 2017 y 2018, utilizando la cooptación de poderes TSJ, CNE, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, violaciones sostenidas de la constitución y crímenes de lesa humanidad como estrategia de control a través del miedo. 

En 2021, las bases chavistas del PSUV intentaron ganar lugares en las primarias, pero el post-chavismo las desconoció. Esto continuó erosionando las bases del chavismo y consolidando la idea de que el post-chavismo está en contra de las bases originales de Chávez.

Esto llevó a una crisis humanitaria, migración forzada y colapso económico, culminando en la situación actual en 2024, con la aplastante victoria de una oposición multiposición y parte del chavismo original.

Las discrepancias entre el chavismo originario y el madurismo se centraban en cuestiones como la corrupción, la violación de derechos humanos y la deriva autoritaria. Los desencuentros se profundizaron con el tiempo, y en la actualidad, se suman nuevas razones para la división.

En el contexto de las elecciones del 28 de julio de 2024, el madurismo ha enfrentado críticas por su desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas. Además, la persecución política afecta no solo a la oposición, sino también a antiguos votantes del chavismo. En medio del fraude electoral, la tensión se agudiza y la polarización política persiste en un país que enfrenta desafíos económicos, sociales y humanitarios; pero sobre todo de una inminente crisis regional: un nuevo capítulo de desplazamiento forzado que podría alcanzar el doble de las dimensiones en la región con 10,4 millones.