Privatización encubierta: la nueva pretensión de Boluarte, por Marisa Glave

Ayer, 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua y en el Perú se desarrollaron a nivel nacional jornadas de movilización y acciones colectivas en defensa del recurso hídrico. En el caso de Lima, para sorpresa de muchos, la movilización fue contundente. Miles de personas salieron con firmeza y convicción a decirle a Dina Boluarte y su ministra Hania Pérez de Cuéllar que no aceptarán la privatización del agua.

La ministra –además de inmolarse ante la prensa explicando que cualquiera puede adquirir réplicas de relojes Rolex en China– trató de torear las preguntas de periodistas sobre la denuncia del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) que señala que el nuevo decreto legislativo (DL) 1620 abre las puertas de la privatización del servicio de agua.

Pérez de Cuéllar pretende ningunear los señalamientos contra el DL diciendo que se trataría de una concesión y no una privatización, además que hace ya varios años se puede concesionar el servicio. En un país donde ya es un clásico que los funcionarios públicos digan que los puentes no se caen sino se desploman, nos queda claro que el cambio de conceptos no altera el resultado.

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Veamos con detalle lo que hay detrás

La preocupación de SUTESAL y otras organizaciones sociales se ha despertado por la modificación de los artículos 110 y 110-A de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Concretamente a la incorporación de las fuentes de agua y los sistemas de abastecimiento de agua potable dentro de los componentes que pueden ser concesionados al sector privado. Esto no es menor y corresponde analizarlo con cuidado.

En el 2016 se hizo una modificación de la ley para poder incorporar inversión privada en el servicio de saneamiento. Fue por medio de una delegación de facultados del Congreso al Ejecutivo cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente. El pedido de delegación plateaba la posibilidad de promover APP y OxI lo que fue rechazado por muchos parlamentarios por tratarse de mecanismos de privatización asolapada del servicio de agua potable.

En el debate, los funcionarios del Ministerio de Vivienda aseguraron que solo querían incorporar inversión privada en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Es así que en las observaciones hechas a la delegación de facultades se deja explícitamente señalado que solo se permitiría su incorporación en ese ámbito de la gestión del servicio.

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¿Por qué era importante señalarlo?

Porque la ley habla de los servicios de agua potable y los servicios de saneamiento. Los primeros están relacionados con la gestión del agua potable, tanto del manejo de las fuentes de recursos hídricos como los sistemas de producción y distribución de agua. Los segundos tienen que ver con el alcantarillado, los desagües y las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Como podrá notar quien lee, hay una diferencia muy grande entre ambos servicios. El segundo tiene que ver con los desechos y el primero con el acceso a agua segura. La modificación del 2016 permitió el ingreso de inversión privada de manera restringida en el manejo de aguas residuales, pero bajo ningún concepto su incorporación en el manejo del agua potable, esa parte del servicio permanecía íntegramente pública.

Hoy lo que pretende el Gobierno es incorporar también el servicio de provisión de agua a los hogares dentro de las opciones de concesión privada. Es decir, quieren ir más allá que el propio PPK. Esto confirma que la señora Boluarte es una ficha de la derecha peruana. Pretende avanzar en los caminos de la incorporación de capital privado en la gestión pública superando al propio fujimorismo que no se atrevió a dar ese paso.

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Pretenden hacerlo como si fuera un tema menor, como si la ley ya se los permitiera y sin un debate público sobre las implicancias de concesionar, que no es otra cosa que privatizar por una cantidad específica de años, un servicio básico para la vida. Incluso peor, no solo el servicio en sí sino el manejo de las fuentes de agua, es decir, del bien público.

El agua potable es un derecho constitucional

Cabe recordar que el 2017 se modificó la Constitución Política del Perú y se incorporó el artículo 7-A que dice: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable. Garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

Es central que tanto la ocupante precaria del sillón de Pizarro como su ministra recuerden este artículo y en particular la frase que señala que el agua es “un bien público y patrimonio de la Nación” que es además inalienable e imprescriptible. Cuando se aprobó este artículo constitucional, diversos líderes de opinión y medios de comunicación de la derecha peruana expresaron su rechazo, señalando que se ponían candados a la posibilidad de privatización del agua y tenían razón.

Alerta ciudadana

El objetivo de ese artículo era por un lado reconocer que el derecho al acceso al agua potable estaba por encima de cualquier otro uso de ese recurso y a su vez que el agua es un bien público esencial y que, por tanto, no debiera ser privatizado.

Pero no se trata solo de defender un recurso esencial y un servicio básico para la vida, sino de entrar a un debate de fondo sobre la solución real a los problemas que sí existen de gestión de agua en el país. Lo que está detrás de la señora Pérez de Cuéllar es un precepto ideológico que asume que la gestión privada es la única solución a los problemas de gestión pública.

Como plantea la economista Mariana Mazzucato, esta mirada ideológica pretende anular la idea de valor público y en general el rol del Estado en la generación de todo tipo de valor. La mirada neoliberal asimila el valor a la ganancia privada y desconoce la importancia del derecho universal y de las políticas de igualdad.

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En su libro El valor de las cosas señala que la privatización o externalización o concesión de servicios públicos monopólicos –como el servicio de agua– tienden a crear dinámicas corporativas politizadas. Que lejos de resolver los problemas de gestión pública previos refuerzan las desigualdades y finalmente mellan la relación entre capitalismo y democracia.

La vocera del Frente de Defensa del Agua y secretaria general de SUTESAL, Luisa Eyzaguirre, ha dicho con claridad: “Estamos ante un decreto impuesto por un gobierno de facto que pretende hacer una privatización encubierta de todo el proceso, incluyendo la privatización de las fuentes de agua”. Coincido con ella. Estemos alertados.