Alerta retrocesos, por Paula Távara

Sobre la implementación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, se ha opinado muchísimo desde su incorporación a la ley electoral en el año 2019. Se ha hablado de sus beneficios para la democracia y, desde la otra acera, de sus defectos y su supuesta “injerencia” en la vida orgánica de los partidos.

Estando yo del lado de quienes creemos que estas podrían haber sido un aporte a la participación de la ciudadanía, lo cierto, lo único cierto, es que nunca supimos ni sabremos realmente si las PASO eran positivas o negativas para nuestro sistema democrático.

En diciembre, el Congreso —que ya había postergado en tres ocasiones la implementación de las PASO— aprobó un proyecto de ley de reforma de la ley electoral que, pese a los múltiples cuestionamientos recibidos desde los organismos electorales, la academia y la ciudadanía a nivel nacional y regional, fue publicado el día jueves 18 de enero como Ley 31981.

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Esta norma convierte en voluntaria la participación de los partidos políticos en las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, reinstaurando la posibilidad de que estas organizaciones determinen sus candidaturas mediante elecciones internas y elecciones por delegados. Así pues, las PASO han dejado de existir antes de siquiera poner a prueba su existencia.

Sin embargo, esta ley que modifica la ley de organizaciones políticas ha hecho mucho más que eliminar las PASO, y considero que estamos hablando poco de aquellos otros retrocesos peligrosos para nuestra democracia que se van a dar lugar a raíz de esta norma.

Otro de los retrocesos que esta norma ha permitido es el cambio en los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas. Mientras que la ley hasta ahora vigente exigía a los partidos contar con padrones de afiliados, la Ley 31981 nos regresa al sistema de los planillones de firmas. ¿Qué puede demostrar una firma tomada al vuelo, muchas veces a cambio de alguna retribución, respecto de la real simpatía o adhesión de un ciudadano o ciudadana al partido político que se la solicita?

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Recordemos, además, que el sistema de los planillones de firmas implica altos costes para las organizaciones que deseen incorporarse a la política electoral, restringiendo, no de una forma positiva, la posibilidad de crear organizaciones políticas que puedan ser más representativas de sectores de la ciudadanía; a la vez que favorece a compartimentos con mayores recursos, no siempre lícitos, en su participación política. Es triste tener que recordarlo, pero ya vimos, a inicios de este siglo, una “fábrica de firmas” y nada bueno trajo al proceder democrático del país.

Si se trata de construir partidos políticos sólidos, con militancias formadas, con élites políticas que lo sean no solamente por la nomenclatura de un cargo sino efectivamente por contar con una mirada de país, por construir proyectos colectivos, por entregar su tiempo y servicio a consolidar proyectos políticos, hoy los padrones de afiliados (que miden la cantidad de militantes de los partidos) son un mecanismo bastante más eficiente para ello.

Pero más grave aún es que cuando se trata de organizaciones políticas de circunscripción regional, es decir, de movimientos regionales, el porcentaje de firmas de adherentes que se les exige llega al 5% del padrón de electores de esa región. Un número altamente restrictivo para muchas organizaciones territoriales con voluntad de trabajar por el desarrollo de su región.

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Vale la pena recordar que hace no mucho la Comisión de Constitución del Congreso intentó aprobar un proyecto de ley que eliminase los movimientos regionales y mantuviese únicamente a los partidos políticos nacionales, y que estos movimientos salieron fuertemente a defender su existencia y su relevancia para la política local. Hoy, con esta ley, la alta valla de número de firmas a obtener para su inscripción significa casi una condena de extinción.

Lo cierto es que la inmensa distancia y centralismo de los partidos políticos nacionales ha llevado a que hoy en día haya muchas ciudadanas y ciudadanos que no se sienten representados por estos y prioricen la política territorial.

Reconozcamos que los partidos políticos nacionales muchas veces no tienen un local partidario en cada una de las regiones del país y “fichan” liderazgos regionales para los procesos electorales, pues no han logrado realmente permear en el territorio, lo que lo que sí han hecho los movimientos regionales, que además en más de una ocasión han confrontado fuertemente las acciones del Gobierno nacional y de la representación parlamentaria, y muchos de los cuales fueron incluso protagonistas o parte activa en las movilizaciones de diciembre del 2022 y en enero del 2023. Se trata, pues, no solo de limitar la competencia electoral en las regiones, sino de silenciar las voces disidentes. Pocas prácticas son tan desvergonzadamente autoritarias como eliminar a los movimientos regionales porque su actuar no se ajusta a los intereses de mafias nacionales.

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Pero, además, esta ley repone el voto preferencial para el Congreso, el mismo que debía dejar de existir a partir de las próximas elecciones parlamentarias.

Vale la pena recordar que necesitamos avanzar a contar con partidos políticos sólidos que defiendan proyectos integrales de país y no tener 130 individualidades que antes que ideas de país defiendan intereses particulares y agendas políticas personales. El voto preferencial —o al menos el que sea empleado para la totalidad de la conformación parlamentaria— es todo lo contrario a priorizar representaciones parlamentarias de partidos políticos sólidos.

Pero además el voto preferencial da ventajas a aquellas candidaturas individuales con mayores recursos de campaña, hoy diversos estudios nos han mostrado ya que estos recursos son más beneficiosos para varones que para mujeres. Estamos hablando de financiamiento de campañas, en el que las mujeres recurren principalmente a fondos personales (ahorros), mientras que los hombres consiguen con mayor facilidad aportes de terceros, pero también recursos como el tiempo en los medios de comunicación, apariciones junto a la candidatura presidencial, entre otros. Esto, sumado a los estereotipos de género, hace que la pervivencia del voto preferencial dificulte que la paridad pase de las listas electorales a la conformación efectiva del Parlamento.

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Estamos, pues, ante graves y preocupantes retrocesos, los mismos que, sumados a otras reformas como la bicameralidad o reelección indefinida, nos estarían hablando de la preparación de condiciones para un tiempo electoral a la medida justa de quienes quieren permanecer en el poder, pero tratando de “legitimar” su lugar en él. Toca estar atentos, y encontrar caminos para dar la batalla, en las calles, pero quizás también en las urnas.