Terruqueo a la protesta ciudadana, por Patricia Paniagua
El derecho a la protesta es un derecho fundamental previsto en el marco constitucional y amparado en la legislación internacional, que ha cobrado mayor relevancia global en el escenario actual de crisis de las democracias representativas y quiebre entre representantes y representados.
Es esto, precisamente, lo que hace imprescindible el reconocimiento y garantía del derecho a la protesta como mecanismo legítimo de expresión, reivindicación y manifestación propia de soberanía, en la que el poder emana del pueblo.
La defensa unánime de este derecho pasa por entender y reconocer la delegación de poder y el encargo que hacemos como ciudadanía en nuestras autoridades y que no puede convertirse en cheque en blanco que niegue la posibilidad de protestar contra aquello que atenta contra el bien común.
Las fotos de la crisis de representación en nuestro país y del atentado contra el derecho a la protesta son las ínfimas y bochornosas cifras de aprobación ciudadana con las que cuentan nuestras instituciones y autoridades y del desprestigio y descrédito en los que naufragan, mientras defienden sus banderas mercantilistas, antiderechos, autoritarias y conservadoras aun a costa de ponerse en contra de la ciudadanía a quienes representan y las abiertas amenazas a quienes protestan, el terruqueo, la estigmatización y la criminalización del aparato público, el Gobierno y sus aliados, además del poder mediático, del poder económico, etc., y también el mensaje claro que transmite la impunidad actual de los responsables de las muertes y lesiones de ciudadanos a causa de la represión del Estado.
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Al parecer, la anunciada movilización ciudadana para los próximos días ha desplegado, nuevamente, la maquinaria del terror, puesta en marcha desde todas sus tribunas, que pretende hacer del terruqueo la herramienta para acallar el legítimo derecho ciudadano a manifestarse y expresar sus reclamos. Y, aún más peligroso, que pareciera ser el preludio de un discurso pensado para justificar, nuevamente, el uso desproporcionado de la fuerza y la represión letal del Estado.
Para este propósito, se han valido de declaraciones de la integrante de una organización narcoterrorista, cuyas palabras han adquirido una especial relevancia mediática y cobertura, lamentablemente, carente de análisis y contrapunto serio de expertos en materia, que serviría para evidenciar la desvinculación entre los remanentes del terrorismo, dedicados al narcotráfico, y la naturaleza de la convocatoria a las manifestaciones ciudadanas.
El terruqueo, una vez más, siguiendo el manual de los 90, es el arma elegida por este Gobierno autoritario, que no es democracia, para frenar la protesta. La respuesta ciudadana debe ser más ciudadanía, más participación, más movilización pacífica, más denuncia y más alzar la voz.
