Democracia, ¿dónde estás?

Si el poder emana del pueblo, el poder de Dina Boluarte emana del Congreso. Un Congreso cuyo poder emana hoy de su capacidad de destruir todo mecanismo de contrapeso político utilizando a un Tribunal Constitucional elegido a su medida. Prohibido en los hechos, el Poder Judicial no puede hacer control constitucional de las arbitrariedades del Congreso. Así de brutal. El TC ha planteado una amenaza clara: los jueces que cumplan con su mandato constitucional deben ser sancionados por la Junta Nacional de Justicia.

Si bien solo se conoce la nota de prensa publicada por el TC, en la práctica, 5 de 7 magistrados han abolido el control difuso de la Constitución y han prohibido las acciones de amparo para demandar cualquier acto inconstitucional del Congreso. Los casos son tres:

1)  La elección del defensor del pueblo (con cautelares ya ganadas) ahora puede ser todo lo opaca y arbitraria que se quiera.

2)  Las acciones de amparo en defensa de la calidad universitaria quedan prohibidas.

3) El presidente del JNE no puede defenderse del acoso político de los perdedores de la última elección y, por el contrario, debe ser sometido a antejuicio por los mismos elegidos que él tuvo que juzgar en el proceso electoral.

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Sumen a estas, tres decisiones anteriores del TC: 

1)  El Congreso tiene iniciativa de gasto.

2)  El fraude procesal está bendecido porque los congresistas pueden demandarse a sí mismos para obtener un fallo que les permite asaltar la Sunedu.

3)  La cuestión de confianza es, en la práctica, inexistente; el Congreso la cuasiderogó y, contra todo precedente, obtuvo la bendición del TC.

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Así, en destrucción, el equilibrio de poderes de la Constitución de 1993 desaparece frente a nuestros ojos en meses. Mientras tanto, el Perú real piensa, en un altísimo 51%, que el Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Solo 43% cree que fue Castillo el que dio el golpe de Estado. En la misma encuesta de Ipsos se diferencian tres escenarios. En Lima, 60% cree que Castillo dio un golpe de Estado, pero un nada despreciable 35% cree que fue el Congreso. En otras ciudades del país, la culpa del Congreso se eleva a 56% como responsables del golpe y en el área rural se eleva a 69% con la opinión de un Congreso golpista contra Castillo. ¿De verdad creen que no habrá más protestas? ¿Que “lo peor ya pasó”? La sucesión puede ser constitucional, pero lo que la rodea no lo es. Imponerla a balazos, mentiras y mecidas solo genera este resultado de repudio.

En materia de derechos humanos, las 48 muertes causadas por proyectil de arma de fuego no son asumidas como responsabilidad del Ejecutivo. Mientras que el Gobierno de Boluarte ignore sus propios actos o mienta descaradamente, los muertos se seguirán acumulando. En cuanto al derecho de reunión, las municipalidades de Lima y de Miraflores, en ordenanzas manifiestamente inconstitucionales, han decido prohibir la manifestación política. Ya no hay TC para impugnarlas. Sería inútil. De otro lado, el Ejecutivo ha recurrido a la vieja práctica del populismo penal enviando al Congreso un proyecto de ley de incremento de penas que impone para el delito de disturbios (que ya tiene una máxima de 8 años) hasta cadena perpetua.

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Separación y equilibrio de poderes, elecciones libres, control constitucional de los actos del Estado y vigencia de los derechos fundamentales son los elementos claves de la democracia. El Legislativo ha concentrado un poder que no tiene precedentes, traumatizado por su pasada disolución y por la caída de su conspirador Merino. Aupado el fraudismo, el ala conservadora y una izquierda analfabeta y rapiñadora, viuda del golpista Castillo, de nuestra frágil democracia no va a quedar nada.

La libertad de prensa también está en riesgo. Un preocupado comunicado de las embajadas de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, emitido luego de los circos de ruido y groserías a la casa de Gustavo Gorriti y a la mía (que incluyó la vulneración de la paz de dos jóvenes autistas), nos recuerda “el aumento de amenazas y situaciones de violencia en general contra periodistas peruanos e internacionales” y reiteran “la importancia de que todas las autoridades competentes garanticen la seguridad de los periodistas”.

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De las autoridades competentes, yo sé lo que puedo esperar. Detuvieron el viernes en la noche en el parque Kennedy de Miraflores a Julián Vargas, músico y actor del grupo Yuyachkani, y a Daniel Mathews, doctor en Literatura. ¿Su delito? Protestar pacíficamente. Pero cuando La Pestilencia “profamilia” usa 5 megáfonos y un parlante para gritar vulgaridades en una calle llena de niños, volando encima de todos los decibeles permitidos, ahí, esa misma policía de Miraflores (sí, exactamente la misma) los escolta.

Mi seguridad está garantizada, pero no por el Estado. No he recibido nada, ni reclamo, nada. Debo agradecer a los millones de lectores, seguidores digitales, oyentes y televidentes que respaldan este trabajo, a mis martirizados vecinos, a mis colegas periodistas (no a sus mudos medios) y a todas las autoridades extranjeras que comparten nuestra preocupación por el destino del Perú. Ellos son mi seguridad.

Sin temor alguno, vamos a prevalecer, porque la verdad y el bien siempre lo hacen. Pero va a costar.