¿Solo resguardar el orden?

Desde el 7 de diciembre, cuando se produjo el anuncio de golpe de Estado, mucho se ha discutido sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía.

¿Qué hubiera pasado si hubieran respaldado el intento del gobierno de cerrar inconstitucionalmente el Congreso o intervenir en el sistema de justicia? Una democracia no debería estar supeditada a la decisión de entidades que, según la Constitución, están más bien sometidas al poder político, con el presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía (artículo 167) y como “no deliberantes” (artículo 169).

Como asociación de ideas, las imágenes del autogolpe de 1992 resuenan en la mente, con el rol protagonista de militares y policías, con tanques y represión en calles, para impedir el funcionamiento del Congreso, el Poder Judicial y la detención de opositores políticos.

De manera regular es la Policía la que se encarga de mantener, garantizar y restablecer el orden interno. Excepcionalmente esta atribución recae en las Fuerzas Armadas, porque se ha dispuesto expresamente al declarar un estado de emergencia (artículo 137 de la Constitución) o porque se hace en colaboración (Decretos Legislativos 1095 y 1186). Determinar que sea una u otra institución la que se encargue de guarecer el orden no releva de que cualquier accionar implica un uso proporcionado de la fuerza.

Recuperar “activos estratégicos” o cuidar propiedad privada no puede ser una razón para incurrir en prácticas contrarias a los derechos humanos, como disparos directos a personas, participen o no en la manifestación. El derecho a la protesta debe ejercerse pacíficamente, pero nadie debe morir por expresar sus discrepancias con el gobierno de turno.

Ver a jefes militares explicar cómo se llevaron a cabo operativos que derivaron en la muerte de casi tres decenas de personas a nivel nacional es injustificable en un contexto de autoridades militares y policiales no deliberantes, menos cuando se siguen refiriendo a “grupos violentistas”, “azuzadores” y “terrorismo”, pretendiendo negar que hay quienes protestan frente a reclamos que consideran legítimos, en una estrategia que, ya deberíamos haber aprendido, incurre en la desinformación y fomenta más violencia. Las muertes no parecen valer lo mismo si se producen entre los más pobres o fuera de Lima y hay quienes las citan como “daño colateral”.

Y hay preocupantes y dolorosas reminiscencias con intentos previos de impunidad, muy lejanos a esa justicia que reclaman las familias y los pueblos, y que, como ciudadanos/as, merecen. Sigue la línea de cuando se negaba a la misma población el valor de sus votos. Y hasta se justificaba golpes militares contra el gobierno que iniciaba por un supuesto fraude que, pese a ingentes recursos (públicos y privados), nunca lograron probar.

Quienes forman parte de las fuerzas armadas y policiales tienen habilitada la posibilidad de votar desde 2005, pero no de participar políticamente (artículo 34 de la Constitución). No se puede aceptar, con ello, que autoridades policiales convoquen a participar en una marcha “por la paz”, probablemente buscando una contraposición con el paro macrorregional que iniciaría un día después. ¿Una de las marchas es legítima y la otra no? ¿Es la policía la que define cuál?

La función policial y militar debe ser preservar el orden y usar la fuerza en forma proporcionada en caso se requiera reprimir frente a protestas que devienen violentas. No les corresponde suplir a las autoridades civiles en su rol de deliberar o asumir algún apoyo o rechazo frente a manifestaciones ciudadanas. Su preocupación central debería ser cuidar la vida y salud de todas las personas, derechos y valores prevalentes en un Estado Constitucional frente al siempre tan ansiado “orden”. Ese que muchas veces es la excusa para la violencia.